Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

JOAQUINA GUERRERO SANZ
Finalmente, y refiriéndose a los concretos preceptos de las leyes cuestionadas,
el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha entendió que los artículos
2.1,c), 3.2, 6 y 8.1 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria suponían una
restricción desproporcionada del principio de autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas consagrado en el artículo 156.1 de la Constitución,
excedían de las potestades de coordinación que dicho artículo y el artículo 2.1
de la LOFCA concede al Estado y suponía la privación de un recurso que el artículo
157.1,e) de la Constitución y de los artículos 42.1, 44.7 y 47.1 del Estatuto
de Autonomía de Castilla-La Mancha reconocen a Castilla-La Mancha.
Asimismo, se consideró que la regulación contenida en el artículo 8 de la Ley
Orgánica indicada, excediendo de las facultades de coordinación supone por su
contenido una limitación fundamental de la autonomía presupuestaria de las
Comunidades Autónomas, uno de los elementos de la autonomía financiera
constitucionalmente consagrada. Se podía por ello considerar que la totalidad del
artículo, con excepción de su apartado seis, era contrario al precepto constitucional
que consagra la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, el dictamen continuó diciendo que “el artículo 9 de la Ley
Orgánica y los párrafos primero y tercero del nuevo apartado 3 del artículo 14 de
la LOFCA, en la redacción dada por el apartado 3 de la Disposición Adicional
Única de dicha Ley Orgánica suponen, al establecer restricciones a la apelación
al crédito vinculadas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y someter a autorización, en caso de incumplimiento, un verdadero vaciamiento
de la capacidad de las Comunidades Autónomas para acceder a ese recurso,
vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 157.1.e) de la Constitución,
el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y en relación a lo dispuesto en
los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la misma Ley Orgánica el mismo artículo
156.1 en cuanto este establece el principio de solidaridad entre todos los españoles,
por cuanto, como ya se señaló puede suponer la imposibilidad de acceso
a un recurso precisamente a las Comunidades Autónomas que con mayor esfuerzo
de contención en el endeudamiento requieren éste para alcanzar el nivel de
servicios de otras mas endeudadas.
La evidente interrelación entre ambas leyes obliga a considerar por las razones
ya expuestas, que pueden ser contrarias a los preceptos constitucionales citados
los artículos 2.1.c de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria,
solo en cuanto vincula a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a aplicar
el principio de “estabilidad presupuestaria” en la forma en que se define en
el artículo 3.2 de la misma Ley que se estima igualmente inconstitucional y el
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