Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
La regla, elaborada por el Tribunal Constitucional desde sus primeras resoluciones,
es clara en su manifestación general, aunque pueda presentar problemas
de concreción en cada caso. Dicha regla reza como sigue: ninguno de los títulos
competenciales que puedan ostentar las Comunidades Autónomas es bastante
para regular el contenido de los contratos entre empresarios y consumidores, y
la regulación que puedan producir las Comunidades Autónomas en el ámbito de
su competencia no puede llegar hasta el punto de determinar consecuencias
jurídico privadas para la infracción o contravención de las disposiciones autonómicas
reguladoras de la actividad comercial. En otros términos: la constitucionalidad
de las normas autonómicas queda salvada en la medida en que su
efectividad sancionadora no interfiera en los mecanismos de defensa propios del
Derecho privado contractual (doctrina contenida en las SSTC 37/1981, 71/1982,
88/1986, 62/1991, 264/1993 y 284/1993).
La aplicación de la precitada regla ha llevado al Tribunal Constitucional a
declarar lo siguiente.
6.2. Aplicación de la regla.
De la regla anteriormente expuesta deduce el TC que es inconstitucional la
norma autonómica que innova el Derecho de contratos. Aunque el art. 149.1.8ª
CE sólo reserve exclusivamente al Estado las “bases” de las obligaciones contractuales,
la jurisprudencia constitucional no ha distinguido entre bases del
Derecho de contratos y desarrollo de aquéllas, de manera que toda norma privada
de Derecho de contratos es competencia estatal. El Tribunal Constitucional se
refiere al Derecho privado de contratos como un todo sometido a la reserva estatal.
Y es esto, lo que, como veremos, explica la mención conjunta, inespecífica,
a las reservas estatales sobre el Derecho civil y mercantil. De ello derivan las
siguientes consecuencias:
(i) Es inconstitucional la disposición autonómica que incluye nuevas cláusulas
abusivas no previstas en la legislación estatal (STC 62/1991, FJ 4ºb);
que dispone un régimen de responsabilidad por daños (STC 71/1982, FJ
19º); que impone la obligación, contractualmente exigible, de mantener
un servicio postventa (STC 71/1982, FJ 17º); que establece que en las
ventas condicionadas no se contrae ninguna obligación de pago (STC
264/1993, FJ 4º); o que en la venta domiciliaria dispone un periodo de
reflexión de siete días para rescindir el compromiso de compra, con los
efectos de la devolución de cosa y precio (SSTC 264/1993, FJ 4º y
284/1993, FJ 5º); o que determina la responsabilidad solidaria del titular
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