Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
ley castellano-manchega, que en el fondo significa que los órganos competentes
de CLM pueden sancionar conductas tipificadas en normas estatales
distintas de la LCU, siempre que se trate de una tipificación de conductas
producida en el seno de un régimen jurídico de protección de los
intereses de los consumidores, con independencia del título competencial
que el autor de la norma haya hecho valer para producirla.
(iv) La Ley 7/1998, de Ordenación del comercio minorista de Castilla-La
Mancha somete en su art. 34.2 a autorización previa las ventas a distancia,
cumpliendo así la exigencia de la LOCM, pero sólo cuando se trate de
ventas en las que la propuesta de contratación se difunda por medios limitados
a la propia Comunidad Autónoma. Básicamente, entonces, en CLM
no existe ningún régimen autorizatorio previsto para las ventas realizadas
por medios electrónicos y telemáticos, pues el medio de difusión es, por
definición, supracomunitario. La Ley no contiene ninguna regulación adicional
de las ventas a distancia, asumiendo lo dispuesto en la LOCM. Pero
la lista de infracciones tipificadas en el art. 49 sí delimita conductas que
pueden producirse en el contexto de una contratación electrónica a distancia.
Así, la limitación al derecho de desistimiento reconocido por la ley,
el incumplimiento del plazo legal de entrega de obsequios y regalos, las
ofertas en ventas a distancia en las que se omiten los datos legalmente exigidos,
el incumplimiento de las obligaciones relativas a la ejecución y
pago en contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, la realización
de actividades promocionales sin ajustarse a las prescripciones
legales, el incumplimiento de los deberes de información o publicidad
frente a los adquirentes.
16. Descripción de la regulación protectora de los consumidores y su adscripción
competencial
En este apartado procederemos a realizar una exposición de las reglas de la
LSSI y de otras leyes sectoriales que contienen normas materiales protectoras de
los consumidores.
(i) Las Administraciones competentes pueden adoptar medidas necesarias
para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la
información o para retirar datos, cuando un determinado servicio de la
sociedad de la información atente a la protección de los consumidores. Si
186