Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ANA VALERO HEREDIA
mente de sus derechos de la personalidad 17 . El Alto Tribunal entendió, en el presente
caso, que el menor había ejercitado determinados derechos fundamentales
de los que era titular al oponerse a la práctica del tratamiento médico requerido:
el derecho a su libertad religiosa y el derecho a su integridad física. Sin embargo,
la protección de tales derechos inherentes a su personalidad, se situó en un
segundo plano frente al valor de la vida, en cuanto bien afectado por la decisión
del menor. De este modo, el Tribunal reiteró lo otras veces subrayado en su jurisprudencia
declarando que “la vida, en su dimensión objetiva, es un valor superior
del ordenamiento jurídico constitucional y el supuesto ontológico sin el que
los restantes derechos no tendrían existencia posible” (STC 53/1985) y (STC
120/1990). Por tanto, los efectos previsibles de la decisión del menor, que revestía
los caracteres de definitiva e irreparable, determinó que la protección del prevalente
interés del menor se situase en la efectiva protección de su vida a través
de la tutela de los padres y, en su caso, de los órganos judiciales.
Sin perjuicio de abordar con posterioridad el valor constitucional que el Alto
Tribunal otorgó a la propia libertad de creencias del menor de edad y al significado
de su voluntad contraria a la práctica de la hemotransfusión, baste por el
momento apuntar que la negación de que los padres quedasen excluidos de su
condición de garantes de la vida del menor vino determinada, principalmente,
por la inexistencia de datos suficientes que acreditasen con certeza que el menor
fallecido tenía la madurez de juicio necesaria para asumir una decisión vital. De
esta forma el Tribunal concluyó que la decisión del menor no vinculaba a los
padres respecto de la decisión que ellos, a los efectos de proteger la vida de su
hijo, habían de adoptar. Quiere ello decir que, la estimación de una suficiente
autonomía de juicio del menor hubiese podido tener como consecuencia, por un
lado, la priorización de su propio derecho a la autonomía religiosa frente a su
propia vida y; por otro, la exoneración de los progenitores en su deber de velar
por la vida y salud del menor de edad a su cargo.
Varias objeciones deben ponerse de manifiesto a este respecto sin perjuicio
de que en próximos epígrafes se profundice sobre ello. En primer lugar, y si se
toma en consideración que la personalidad del niño o adolescente está en constante
evolución, especialmente en un ámbito como el de la libertad de creencias
donde la influencia de los padres es mayor cuanto menor es la edad de aquél
sobre el que se ostenta la patria potestad, cabe plantearse desde este momento,
17. En este sentido se pronuncia Amelia Pascual Medrano: “Padres, hijos menores y libertad religiosa
(En torno a la STC 141/2000, de 29 de mayo)”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional,
núm. 20 (Febrero), 2001, pág. 27.
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