Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MANUEL GERPE Y JOAN VINTRÓ
efectos políticos pues ha convertido al Conseller en Cap en el interlocutor preferente
por parte del Gobierno en el terreno parlamentario y mediático.
8. Finalización.
La delegación puede terminar por diversas causas: revocación por parte del
Presidente, renuncia del Consejero delegado, expiración del plazo, cese del delegante.
También parece admisible, como se ya se ha visto, la avocación de la delegación,
es decir, que el Presidente asuma unilateralmente el ejercicio de alguna
atribución comprendida en la delegación. Con respecto al carácter revocable de
la delegación debe destacarse que éste, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley
3/1982, es uno de los elementos identificadores de esta figura ya que dicho precepto
establece con toda nitidez que el Presidente puede recuperar en cualquier
momento las funciones delegadas. Esta revocación de las funciones delegadas es
un acto discrecional del Presidente que debe cumplir los requisitos formales de
la creación de la delegación, es decir, debe hacerse mediante decreto de la
Presidencia publicado en el DOGC.
9. Responsabilidad política.
El artículo 86 de la Ley 3/1982 establece claramente que la delegación de funciones
ejecutivas no exime al Presidente de la Generalidad de su responsabilidad
política ante el Parlamento, siguiendo lo que indica el artículo 36.4 del Estatuto.
Ya se ha examinado anteriormente la trascendencia de estas disposiciones para
delimitar el alcance material de la delegación de las funciones presidenciales.
Ahora bien, sin perjuicio de estas previsiones, no hay ningún obstáculo constitucional
ni estatutario para que la propia Ley 3/1982 no hubiera podido contemplar
una responsabilidad política separada del Consejero delegado, o del Consejo
Ejecutivo presidido por el Consejero delegado, tal como pretendían algunas
enmiendas presentadas durante el debate parlamentario de esta ley en la línea de
lo que regulaba el Estatuto Interior de 1933 57 . Dicho esto, no puede ignorarse la
dificultad de formalizar una separación de responsabilidades políticas entre el
Presidente y el Consejero delegado por diversos motivos: la posición institucional
del Presidente, que recibe una investidura individual y programática del
Parlamento; la naturaleza de la propia delegación basada en una relación de confianza
entre delegante y delegado y que tiene la revocación como instrumento más
apropiado de finalización; el mantenimiento en todo momento de importantes funciones
de dirección política, y no sólo representativas, en manos del Presidente de
la Generalidad. Con todo, es posible pensar que el Parlamento, aún aceptando la
57. Enmiendas del PSC y del PSUC. Véase nota 44.
142