Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
COMO TÍTULOS COMPETENCIALES
contractuales en ilícito administrativo: además de llevar aparejadas consecuencias
privadas, se adosan a éstas otros efectos negativos en la forma de sanciones de tipo
administrativo. Se produce entonces una doble trascendencia de la infracción del
estatuto contractual, sin contar con que el Estado no carece de títulos competenciales
para disciplinar las infracciones administrativas en materia de disciplina de
mercado, con aplicación incluso a las Comunidades Autónomas con competencia
plena en esta materia: en primer lugar, la competencia sobre las bases del régimen
de las Administraciones públicas (art. 149.1.18ª CE); en segundo lugar, la apelación
al carácter básico del orden económico de una regulación mínimamente congruente
en materia de sanciones propias del régimen de disciplina de mercado
(art. 149.1.13ª CE); por último, la propia competencia de armonización de las
condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos (art. 149.1.1ª CE).
Pues bien, varios son los puntos de reflexión que sugiere esta doctrina:
El primero de ellos está relacionado con la pregunta sobre los límites a la
creación autonómica de nuevas obligaciones “contractuales” sancionables en
vía administrativa. Esto es: ¿pueden crearse obligaciones “contractuales” no dispuestas
en el Derecho privado de contratos cuya transgresión constituya un ilícito
administrativo autonómico Hasta el presente la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional no ha sido lo suficientemente explícita al respecto, aunque los
resultados obtenidos permiten responder afirmativamente. No otra cosa se desprende
de lo resuelto en la ya citada STC 71/1982. En este pronunciamiento se
determinó la constitucionalidad de la norma vasca que sancionaba administrativamente
el incumplimiento de las obligaciones de información del promotor de
viviendas que, en 1981 –antes del RD 515/1989, de 21-IV–, no existían en la
legislación estatal (FJ 10º), y que, por ello mismo, ni eran exigibles por el contratante,
ni su transgresión podía generar ningún efecto jurídico-civil. Siguiendo
esta doctrina, la STC 62/1991 declara la constitucionalidad de la norma que
impone sanciones para la transgresión de las obligaciones del vendedor referidas
al servicio postventa, y ello aunque la disposición autonómica no constituya una
transcripción de la normativa estatal (FJ 4ºc). No obstante, en el FJ 5º de la STC
284/1993, tras entender que se incluye entre las competencias autonómicas el
cometido de establecer y regular los datos informativos que deben contener las
ofertas de venta, a renglón seguido se introduce una matización: “siempre, claro
está, que se refieran a derechos reconocidos en normas aprobadas por el legislador
que ostente la competencia para ello; en el caso contemplado, el legislador
estatal (sic)”. Esta acotación –por lo demás innecesaria, ya que el Tribunal estima
que la norma catalana es inconstitucional por contener una regulación privada
de contratos– no ha de ser interpretada en un sentido literal: si la norma auto-
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