Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ANA VALERO HEREDIA
la vida, dejando, con ello, la puerta abierta a interpretaciones diversas del
orden de valores generalmente admitido, y preparando a los ciudadanos para
vivir en una sociedad cuya apertura y heterogeneidad ni siquiera resulta imaginable.
Sin perjuicio de que en el presente caso existe otro interés jurídico que no
puede ni debe ser olvidado –el interés preponderante de los derechos del menor–
puede sostenerse que el actual Fallo del Tribunal inicia un camino distinto hacia
posibles soluciones de conflictos jurídicos que tienen por base el derecho de
conciencia de minorías cada vez más mayoritarias en la sociedad y cuya cabida
constitucional no resulta ya tan incierta.
El pronunciamiento judicial referido ha establecido que el derecho a la libertad
religiosa ampara conductas que no se adecuan a ciertos deberes que derivan
del propio ordenamiento jurídico, y que la disidencia frente a los mismos no
resulta condenable por un ordenamiento constitucional donde la libertad religiosa
es uno de sus derechos fundamentales. De esta manera, la presente Sentencia
puede dejar asimismo el cauce abierto para que una adecuada protección de ciertas
conductas de conciencia no implique necesariamente una contradicción del
orden de valores constitucionalmente establecido.
Para valorar adecuadamente esta Sentencia, no puede hacerse abstracción, sin
embargo, de ciertas cuestiones sobre las que el Tribunal no se ha extendido todo
aquello que hubiera sido deseable. Éstas hacen referencia al interés jurídico del
menor que, como se ha dicho, “no puede ni debe ser olvidado”. En primer lugar,
es importante señalar que el alto Tribunal titubeó a la hora de estimar la relevancia
constitucional de la voluntad de un menor de edad. En un principio cabía
intuir de sus postulados que se iba a producir una denegación del amparo basada
en la insuficiencia de una conducta sostenida por quien carece de la capacidad
suficiente para asumir decisiones que pongan en riesgo su propia vida. Sin
embargo, ello no fue óbice para amparar a quienes tenían obligación de enmendar
la citada conducta. No se consideró que dicha obligación desapareciese sino
que ésta fue juzgada en función de un derecho fundamental que nada tiene que
ver con el derecho a la vida del menor, el derecho a la libertad religiosa de los
propios padres. Existe en este aspecto, un cambio argumental en la Sentencia
que no parece estar lo suficientemente razonado, o cuanto menos, adecuadamente
expuesto en sus postulados. La segunda de las cuestiones que cabe plantearse
hace referencia, igualmente, al menor de edad y apunta a la dudosa interpretación
que podría llegar a hacerse del instrumento que determina la capaci-
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