Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
(iv) Las asociaciones de consumidores deben participar en la elaboración de
los códigos de conducta a que se refiere el art. 18 LSSI. Las
Administraciones públicas competentes deben alentar esta participación.
14. La salvaguarda expresa de los ámbitos competenciales concurrentes en
la LSSI
La propia LSSI es consciente de que las finalidades perseguidas por la misma
pueden constituir finalidades de protección o materia regulable comprendidas en
otros títulos competenciales. Hagamos un repaso por las distintas normas que
contienen una salvaguarda expresa de estas otras áreas competenciales.
El art. 1.2 aclara que las disposiciones contenidas en la LSSI se entenderán
sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas estatales o autonómicas ajenas al
ámbito normativo coordinado, o que tengan como finalidad la protección de (…)
los intereses del consumidor (…). Como puede apreciarse de la propia declaración
legal, existen dos criterios de reparto competencial aparentemente claros.
En primer lugar, todo lo relativo al “ámbito normativo coordinado” corresponde
al ámbito regulatorio de la LSSI, y, presumiblemente, de la Administración que
sobre ella tiene competencia específica. Pero, inversamente, todo lo referido a la
finalidad de protección del consumidor parece que corresponde a los títulos
competenciales y a las Administraciones públicas que no son los específicos de
la LSSI.
La interpretación que se acaba de dar, sin embargo, es insatisfactoria. En primer
lugar, porque la definición de ámbito coordinado que se realiza en la letra j)
del ANEXO de DEFINICIONES es lo bastante abstrusa como para significar cualquier
cosa imaginable 2 . En segundo lugar, porque resultará chocante que se pueda
decir que la LSSI no pretende realizar, al menos en una parte, una finalidad de protección
de los consumidores, y que tal finalidad permanece ajena a la norma.
Según el art. 2.4 LSSI, los prestadores de servicios de la sociedad de la información
establecidos en España estarán sujetos a las demás disposiciones del
2. Se entiende por tal ámbito “todos los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad
de la información, ya vengan exigidos por la presente Ley u otras normas que regulan el ejercicio de
actividades económicas por vía electrónica, o por las leyes generales que les sean de aplicación y que se
refieran a los siguientes aspectos” ( y enumera las normas relativas al comienzo de la actividad y las que
se refieren al posterior ejercicio de dicha actividad).
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