Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
que los órganos administrativos a los que se refieren los arts. 10, 11, 15, 16 y 17
de la ley serán los que en cada caso lo sean en función de la materia. A continuación,
el fundamental apartado 3 establece una norma de cierre, que no es otra
cosa que el reconocimiento de que la distribución de competencias en el territorio
normativo de la sociedad de la información sigue abierto y necesitado de criterios
de reparto que la propia LSSI ni puede ni quiso aportar: en todo caso (…)
cuando las conductas realizadas por los prestadores de servicios de la sociedad
de la información estuvieren sujetas, por razón de la materia de que se trate, a
ámbitos competenciales, de tutela o supervisión específicos, con independencia
de que se lleven a cabo utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos,
los órganos a los que la legislación sectorial atribuya competencias de control,
supervisión, inspección o tutela específica ejercerán las funciones que correspondan.
En el capítulo de infracciones y sanciones se mantiene la ambigüedad relativa
al ámbito de aplicación de las prescripciones de la ley en relación con otras
normas específicas del sector del comercio electrónico o con normas sectoriales
protectoras de intereses de los consumidores. Los prestadores de servicios están
sujetos al régimen sancionador establecido en este Título cuando la presente ley
les sea de aplicación (art. 37 LSSI). Se nos viene a decir que siempre que las
prescripciones de esta ley (aunque puedan estar referidas a ámbitos de protección
o pertenezcan a sectores de regulación específica, que dispondrán acaso de
su propia regulación sancionatoria) sean de aplicación, el régimen sancionador,
y las competencias para ello, son los de la LSSI. ¿Mas cuando será de aplicación
esta ley, a efectos sancionadores, cuando concurra con otros regímenes normativos
que tengan una equivalente vocación de aplicación. ¿Y qué ocurrirá cuando
existan normas propias del régimen jurídico de la sociedad de la información,
pero no estén incluidas en la LSSI o en sus normas de desarrollo.
Hemos visto ya cómo los “órganos administrativos” a que se refieren los arts.
8 y 11 pueden ser órganos autonómicos competentes en virtud de algún título de
eficacia sectorial diversa del que ha querido individualizar la LSSI. Mas si las
“órdenes” de referencia han sido tomadas en virtud de semejante competencia
sectorial, no se comprende cómo puede ser una infracción específica de la LSSI
el incumplimiento de las órdenes dictadas en virtud del art. 8 en aquellos supuestos
en que hayan sido dictadas por un órgano administrativo [art. 38.2 a)] o el
incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, alojamiento, acceso
u otro servicio de intermediación cuando un órgano administrativo competente
lo ordene [art. 38.2 d)]. ¿Quién sancionará en tales casos. El art. 43.1 II
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