Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ
De ahí que el debate sobre el quantum y las modulaciones del alcance de la
reserva de ley para ordenar las competencias municipales con el fin de respetar
la autonomía sea bastante estéril. Y más lo es la contraposición entre garantía
institucional y constitucional a lo que nos referiremos más adelante. El Derecho
constitucional ha de realizar una tarea primordial cual es la de inferir de la
Constitución una formulación completa del principio de autonomía local en la
medida que este principio es el instrumento que posibilita la gestión de sus intereses
respectivos. Esta formulación, digámoslo de entrada, no se deduce exclusivamente
de los Capítulos Primero y Segundo del Título VIII pues, sin ánimo
exhaustivo, se extrae de otros muchos preceptos constitucionales:
* el artículo 3 para el uso de las lenguas en el ámbito del régimen local;
* el artículo 5 dedicado al régimen municipal de la villa de Madrid;
* el artículo 9 relativo al sometimiento de las Entidades Locales al ordenamiento
y a los principios fijados en el apartado 3 de este precepto;
* el artículo 11 en cuanto que la nacionalidad se puede adquirir de origen por
el nacimiento en el territorio de un término municipal, territorio que entra, además,
en el ámbito de opción del extranjero que adquiere aquélla, todo lo cual incide
en las competencias de organización del Padrón Municipal de Habitantes 72 ;
* el artículo 21 para el derecho de reunión dentro del término municipal 73 ;
* el artículo 22 para la inserción del derecho de asociación en la participación
en las instituciones municipales;
* el artículo 23 tanto para la referida participación como el acceso individual
a cargos públicos locales;
* el artículo 24 para acceder a la tutela judicial frente a las decisiones de las
autoridades locales;
* el artículo 25.3 sobre el alcance de la potestad sancionadora de los Entes
Locales;
72. Ex artículos 15 y 17 a 28 del Código Civil.
73. Como se puede observar en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión tras su
reforma por la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril.
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