Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
cunstancias distintas a las establecidas por la ley estatal, pero sí es posible que
la norma autonómica sirva como supuesto de hecho de una tipificación de sanción
administrativa.
Lo que acabamos de decir tiene una importancia considerable. Pues estamos
afirmando que, si el Estado dispone de un título cualquiera para producir regulación
protectora del usuario en general de un servicio, las CCAA no se hallan
impedidas de hacer uso de su específica competencia consumerista para imponer
normas suplementarias en función de la protección adicional que pueda
merecer una clase determinada de usuarios (los destinatarios finales).
Naturalmente que debe existir un límite. Y este límite no es otro que el de la proporcionalidad
de la medida de protección suplementaria en función de los intereses
que se pretenden proteger. Pues es inconcuso que a mayor protección adicional
territorializada, mayor número de barreras al mercado interior, y en último
extremo alguien deberá practicar la ponderación necesaria entre protección
de los consumidores y mantenimiento de la posibilidad de existencia de un mercado
interior sin barreras.
Obsérvese que la obligación de información precontractual del art. 27 LSSI
no es el supuesto de hecho de ninguna consecuencia civil específica, por lo que
queda remitido al régimen sancionatorio administrativo del art. 38. Pero lo
mismo ocurre con el incumplimiento de la obligación, que establece el art. 28,
de confirmar la recepción de la aceptación hecha por el destinatario de la oferta.
Nada se dice en la norma sobre las consecuencias civiles de tan importante precepto
(¿se entiende perfeccionado el contrato a pesar de la falta de confirmación,
¿podrá revocarse la aceptación), y la única atención que la LSSI presta
en el terreno de las consecuencias de la infracción es la configuración de un tipo
específico de infracción administrativa [cfr. art. 38.3 d) y 38.4 f)].
Los arts. 15, 16 y 17 LSSI contienen un régimen específico de responsabilidad
civil de distintos tipos de prestadores e intermediadores de servicios de la
sociedad de la información. Uno de los fundamentos de la responsabilidad que
se diseña es que tales prestadores no retiren la información ilícita que hayan
almacenado, o hagan imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento
de que (…) un órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir
que se acceda a ella [art. 15 e) 3ª; igualmente, art. 16.1 b) II y 17 b) II]. En
ningún caso se presupone que tal decisión corresponda expresamente al
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
180