Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
se habla mayormente del Derecho de contratos en relación con la competencia
sobre legislación mercantil del art. 149.1.6ª CE (v. particularmente las SSTC
88/1986, FJ 5º y 62/1991, FJ 2º), cuando resulta que las compraventas celebradas
con consumidores son civiles. Lo cierto es que la distinción anterior carecería
de sentido práctico si no fuera porque la distribución competencial no es igual
para los contratos civiles que para los mercantiles (la STC 71/1982, FFJJ 14º y
19º, contiene una mención al derecho foral como salvedad a la reserva estatal del
art. 149.1.8ª CE, que, según se dice, no es de aplicación en el caso). Bien es verdad
que hasta el presente ninguna Comunidad Autónoma ha pretendido la competencia
para dictar, como desarrollo de un derecho foral propio, una norma de
Derecho privado de contratos finalísticamente orientada a la defensa de los consumidores.
En todo caso, si una Comunidad Autónoma tuviera Derecho civil
propio sobre contratos, sería irrelevante que dispusiera, además, de competencias
sobre comercio interior o sobre consumo, porque en desarrollo de aquél
podría dictar una norma civil aplicable a cualquier ámbito y en persecución de
cualquier fin o de ninguno. Lo que no podría hacer, por el mandato del art. 51.1
CE, es disponer una norma civil que perjudicase al consumidor.
Ahora bien, lo que el Tribunal Constitucional quiere afirmar con la referencia
conjunta a los núms. 6º y 8º del art. 149.1 CE es la competencia exclusiva del
Estado para regular el Derecho privado de los contratos, normas que serán de
aplicación directa incluso en aquellas Comunidades Autónomas que dispongan
de competencias de “modificación y desarrollo” del Derecho civil especial propio.
Como indicamos supra, el Tribunal Constitucional no ha distinguido entre
bases de las obligaciones contractuales (de exclusiva competencia estatal) y
desarrollo de las mismas (que podría corresponder a las Comunidades
Autónomas), por lo que cualquier “innovación” o “reproducción” autonómica de
tal materia es siempre inconstitucional.
7.1. La contravención de obligaciones “contractuales” como infracción
administrativa.
De la jurisprudencia constitucional se desprende que la regulación jurídico administrativa
autonómica de los contratos entre particulares puede producirse fundamentalmente
en dos sectores de la dinámica contractual. En primer lugar, mediante
una regulación anticipatoria, que exija condiciones varias y autorizaciones diversas
para el ejercicio de la actividad comercial. En segundo lugar, el régimen sancionador.
La regulación jurídico-pública de los contratos privados se viene produciendo,
de esta forma, mediante la técnica de convertir las infracciones de obligaciones
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