Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MANUEL TEROL BECERRA
tencial suscitables entre el Estado y las Comunidades Autónomas reclaman ser
resueltos por medio de dicha cláusula, resulta ineludible averiguar antes si el
caudal de facultades ejercitable por el Estado o la Comunidad Autónoma que
fuere, en cada materia relacionada en el bloque o bloques de constitucionalidad,
se nutre de la potestad legislativa, de la ejecutiva o de ambas. El objetivo inmediato
es, pues, aprehender en plenitud un fenómeno ciertamente complejo, dado
que a la variedad de situaciones resultantes del eventual ejercicio, por dos instancias
distintas, de cada una de las potestades públicas citadas, en los diferentes
ámbitos materiales, ha de sumársele que el reparto competencial espera a
veces que la función legislativa adquiera dos modalidades diversas de manifestarse.
Aunque la complejidad del sistema no llega a ser tanta que disuada de
intentar describírselo siquiera sea mediante el siguiente esquema resumen de
situaciones.
1) Para empezar, muy bien pudiera suceder que la Constitución reserve al
Estado.
a) El ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas respecto de una
determinada materia.
b) La facultad de establecer las bases a que habrán de ajustar las Comunidades
Autónomas su legislación sobre una determinada materia.
c) La potestad para legislar en torno a una materia definida.
2) Mientras que, por su parte, pueden haber asumido las Comunidades
Autónomas en sus Estatutos.
a) El ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas respecto de una
determinada materia.
b) La facultad de efectuar el desarrollo legislativo y la ejecución de las
bases adoptadas por el Estado.
c) La potestad para proceder a la ejecución dela legislación estatal.
2. Respecto de las cautelas con que ha de emplearse la cláusula de prevalencia
y sus consecuencias.
En cuanto a la cláusula de prevalencia conviene insistir en que es considerada
aquí una modalidad de la función que en todo Estado, cualquiera que sea su
forma, desempeña éste con miras a obtener la coordinación de los diversos intereses
que allí se dan cita. En este sentido, la Constitución de 1978 encomienda
al Estado la gestión de los intereses generales y, consecuentemente con ello, contempla
toda una batería de medidas para que, de manera preventiva o reparadora,
pueda coordinar aquellos con los intereses particulares de cada Comunidad
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