Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ANA VALERO HEREDIA
los padres acorde con las enseñanzas religiosas que le habían inculcado. Puede
entenderse, por tanto, que el Alto Tribunal juzgó que la tutela del interés del
menor, identificado éste con la protección de su derecho a la vida, quedó en
manos de los poderes públicos desde el momento en que sus progenitores acataron
las resoluciones del órgano judicial que autorizaba la transfusión, pues no les
eran exigibles otras obligaciones de protección contrarias a sus convicciones
religiosas. Esto permite deducir que las genéricas obligaciones de los padres
como garantes de la vida de su hijo se convirtieron en específicas obligaciones
de los poderes públicos en virtud de una exención que encuentra su amparo en
el estricto ejercicio de un derecho fundamental.
De este modo, la corresponsabilidad existente entre la familia y los poderes
públicos a la hora de adoptar los medios necesarios para garantizar los intereses
superiores del menor de edad, se convirtió en responsabilidad unilateral de los
segundos dada la exoneración de los primeros ante el cumplimiento de las prescripciones
de sus convicciones religiosas. La aparición en escena de estos nuevos
actores, conduce a plantearse qué papel les corresponde en la protección de
la vida del menor y qué consecuencias tiene ese trasvase de responsabilidades.
La obligación de los poderes públicos se cifra en un deber positivo de actuación
que implica la adopción de todos los medios de intervención necesarios
para garantizar la protección de los intereses prevalentes del menor, destacando,
entre ellos, el deber de los primeros de velar por la vida, integridad y salud del
segundo 45 . Según los términos de la Sentencia, un legítimo ejercicio de su derecho
de libertad religiosa relevó a los directos garantes de la vida del menor a un
segundo nivel de exigencia, quedando los poderes públicos al cargo de dicha responsabilidad
y debiendo éstos velar en todo caso por el derecho a la vida de
quien se consideró insuficientemente capacitado para tomar decisiones que
directamente atentaban contra ella. De modo que, la pasividad “constitucionalmente
aceptada” de los garantes privados de la vida del menor, derivó en un
deber de actividad “constitucionalmente exigida” para los garantes públicos.
Así, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones,
la protección del interés superior del menor –identificado éste con la preservación
de sus derechos fundamentales– legitima la adopción de medidas de
carácter preventivo por parte de los poderes públicos destinadas a dicho fin. De
45. El deber de actuación de la Administración puede entenderse cifrado en los mismos términos
que con respecto a los deberes que sobre ésta recaen de velar por la vida y salud de unos reclusos en
huelga de hambre, en los términos expuestos en la ya citada STC 120/1990.
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