Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
En estos casos no puede hablarse propiamente ni de concurso ideal de
infracciones ni de concurso de leyes represivas, sino de que el Estado tipifica
infracciones de consumo a favor de la competencia sancionadora que
corresponde a Castilla-La Mancha.
(xvi) El Estado disponía de las competencias precisas de armonización para
haber impuesto entre CCAA un principio de “reconocimiento mutuo” de
la suficiencia de las respectivas regulaciones relativas a la protección de
los consumidores, al menos cuando tales regulaciones pudieran afectar,
por su variedad u dispersión, a la unidad del mercado interior en la sociedad
de la información, que la Directiva 2000/31 ha querido optimizar por
encima de cualesquiera otras consideraciones. La LSSI no lo ha hecho.
(xvii) Las normas de Derecho privado contenidas en la LSSI vinculan a las
CCAA, y no pueden ser modificadas ni desarrolladas por ellas. Pero lo
que vincula de tales normas no es el supuesto al que prestan atención, sino
la consecuencia jurídica civil que imponen para cada caso. Supuestos de
hecho contractuales pueden ser utilizados por las CCAA competentes
como tipos de conductas que se hallan a la base de una infracción administrativa.
(xviii) No existe ningún título competencial específico sobre la sociedad de la
información ni sobre la prestación de servicios de la sociedad de la información.
La LSSI no ha invocado competencias para regular las bases de
la economía nacional, ni el procedimiento administrativo común, ni la
igualdad en el ejercicio de los derechos por parte de los consumidores. El
título competencial de telecomunicaciones es insuficiente para conseguir
la mayoría de los objetivos que se incorporan a las normas de la LSSI. Lo
que el Estado debería haber hecho en este terreno hubiera sido: (a) establecer
el régimen civil correspondiente en la contratación electrónica y a
la prestación de servicios de la sociedad de la información; (b) establecer
el régimen de protección de datos e intimidad en la prestación de servicios
de la sociedad de la información; (c) establecer normas que garantizasen
la unidad del mercado interior frente a las desviaciones motivadas por el
ejercicio de competencias autonómicas. Salvo en sectores específicos de
protección de datos y de obligaciones propias de operadores de redes y
servicios de telecomunicaciones, el Estado carece básicamente de cualquier
competencia para establecer un régimen sancionatorio específico y
propio de la sociedad de la información.
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