Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

LA OBSOLESCENCIA DE LA BIPOLARIDAD “MODELO AMERICANO-MODELO
EUROPEO-KELSENIANO” COMO CRITERIO ANALÍTICO DEL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA TIPOLOGÍA EXPLICATIVA
terios diferentes para la interpretación de la Constitución, generando una dispersión
y anarquización del control de constitucionalidad.
También en Colombia se establece un control preventivo obligatorio respecto
de las Leyes estatutarias (entre otras, las relativas a los derechos y deberes
fundamentales, a la administración de justicia, a los partidos políticos..., etc.).
Cabe asimismo un control preventivo facultativo, pues la Corte Constitucional
conoce de la constitucionalidad de los proyectos de ley que sean objeto de una
objeción de inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la República.
Bien es verdad que en Colombia, a diferencia de Chile, el Tribunal
Constitucional es también competente para llevar a cabo un control sucesivo de
las leyes que puede ser instado, por intermedio de la muy conocida acción popular
de inconstitucionalidad, cualquier persona física, aunque, según jurisprudencia
de la propia Corte, no jurídica.
Estos mecanismos de control coexisten, como es bien conocido, con la acción
de amparo, tutela o protección, de la que, por lo general, pueden conocer la totalidad
de los órganos jurisdiccionales, cabiendo, allí donde existe un Tribunal
Constitucional, una intervención final de éste. Así, por ejemplo, en el Perú, de
acuerdo con el art. 298.2 de la Constitución de 1993, el Tribunal Constitucional
conoce en casación de las resoluciones denegatorias de la acción de habeas corpus
y la acción de amparo, agotada la vía judicial.
En algunos países, el amparo fue concebido como una vía procesal encaminada
a la reparación del derecho violado, pero no para la verificación de una
inconstitucionalidad, concepción ésta que ha ido evolucionando, de lo que ilustra
perfectamente el caso argentino. En efecto, la acción de amparo fue concebida
en Argentina como un proceso sumario por medio del cual se podía impugnar
un acto lesivo que con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas infringiera un
derecho subjetivo constitucionalmente reconocido. Una reiterada doctrina jurisprudencial
entendió que el amparo era una vía exclusivamente dirigida a la reparación
del derecho violado. La doctrina quebró en los casos Outón (1966) y Mate
Laranjeira Mendes, al rechazar la Corte Suprema de la Nación el carácter absoluto
del postulado de que en un juicio de amparo es siempre improcedente abordar
la cuestión constitucional. A juicio de Vanossi 141 , esta doctrina suponía la creación
pretoriana por la Corte Suprema de una acción directa de inconstituciona-
141. Jorge Reinaldo A. Vanossi y Pedro Fermín Ubertone: “Instituciones de defensa de la
Constitución en Argentina”, en el colectivo, La Constitución y su defensa, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1984, pág. 87 y ss.; en concreto, pág. 191.
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