Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ANA VALERO HEREDIA
damental de libertad religiosa de los padres. No obstante, éstos pueden presumirse
implícitamente aplicados pues el supremo intérprete procedió –tras analizar
si se había efectuado una adecuada ponderación de los bienes jurídicos
enfrentados– a examinar si la realización de las concretas acciones que se habían
exigido de los padres –especialmente restrictivas de su libertad religiosa y de conciencia–
era necesaria para la satisfacción del bien al que se había reconocido un
valor preponderante, dado que, en sus propias palabras, “el sacrificio del derecho
llamado a ceder no debe ir más allá de las necesidades de realización del derecho
preponderante”. De este modo, y sobre la base de una implícita aplicación del juicio
de proporcionalidad de la restricción y de los tres subprincipios que lo integran,
el Tribunal llegó a la conclusión de que exigir a los padres del menor actuaciones
positivas tendentes a persuadirle de que aceptase la transfusión sanguínea,
o la directa autorización por ellos mismos, hubiese supuesto una restricción excesiva
e innecesaria, y por tanto desproporcionada, de su derecho a la libertad religiosa.
Y ello porque, según estimó el Tribunal, la actitud pasiva de los padres
aquietándose frente a las resoluciones judiciales que autorizaron la actuación
médica, así como la imposibilidad de acreditar si una actitud disuasoria por su
parte hubiese producido resultados distintos en las convicciones del hijo, así lo
justificaba.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional estimó que el acatamiento por
parte de los progenitores de la decisión judicial que autorizó la transfusión y su
comportamiento basado en el propósito de encontrar un hospital que ofreciese
métodos alternativos que permitiesen salvar la vida de su hijo, fueron actos constitutivos
de una cooperación suficientemente diligente por parte de los garantes
de la vida del menor. Este razonamiento del Tribunal viene reforzado por el
hecho de que en ningún momento procesal quedó probado que una cooperación
disuasoria activa por parte de los progenitores pudiese haber resultado fructífera
en su propósito, de forma que la exigencia de dicha actitud hubiese resultado
atentatoria, por desproporcionada, de la libertad religiosa de estos últimos.
3. La transferencia de los deberes jurídicos inherentes a la condición de
“progenitores”: cuando las obligaciones individuales se convierten en obligaciones
públicas.
Como se ha expuesto, el Tribunal Constitucional determinó que la exigencia
de una acción disuasoria por parte de los padres tendente a desanimar la oposición
del menor a la transfusión sanguínea o su propia autorización para que se
procediese al tratamiento médico prescrito, suponían una restricción excesiva e
innecesaria del derecho de los progenitores a su propia libertad religiosa. La neu-
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