Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
Ni tan siquiera el inespecífico concepto de “ámbito normativo coordinado”,
que utiliza pero no define el art. 1.2 LSSI, y que define, pero no se entiende, la
letra i) del ANEXO de DEFINICIONES, constituye en la LSSI una reserva de
título competencial.
13. La protección de los consumidores como criterio de regulación en la LSSI
Al margen de aquellas normas (a las que nos referimos después) que en la
LSSI se refieren a la actuación de otros órganos o a la aplicación de otras reglas
competentes en materia de protección de los consumidores, existen cuatro ocasiones
en que la LSSI utiliza la protección de los consumidores como criterio
que determina de una manera u otra la aplicación de sus normas.
(i) El art. 3.1 LSSI impone la aplicación de la Ley a los prestadores de servicios
establecidos en otro Estado miembro de la UE o del EEE cuando el
destinatario de los servicios radique en España y los servicios afecten,
entre otros extremos, a las obligaciones nacidas de los contratos celebrados
por consumidores. La protección de los consumidores actúa en este
caso como un factor de aplicación extraterritorial de la LSSI, y supone, en
consecuencia, que la LSSI contiene normas protectoras de esta clase y
finalidad, cuya aplicación es lo que se trata de asegurar en el art. 3.
(ii) Los arts. 27.2 a) y 28.3 a) permiten que las partes excluyan convencionalmente
la exigencia de proveer la información pre y precontractual que allí
se contiene, salvo que se trate de negocios que tengan por destinatario a
un consumidor. Realmente, dado que para el resto de contratos el contenido
de las normas es puramente dispositivo, ambos preceptos sólo tienen
sentido entendidos como normas consumeristas.
(iii) Según el art. 29 I LSSI, los contratos celebrados por vía electrónica en que
intervenga como parte un consumidor se presumen celebrados en el lugar
en el que éste tenga su residencia habitual. La norma no es, empero, especialmente
significativa en el ámbito jurídico privado, pues la aplicación de
la ley de la residencia habitual del consumidor es independiente en cualquier
caso de que el contrato se entienda celebrado en este lugar o en otro
(art. 5 Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales).
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