Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
ción entre los dos párrafos es manifiesta, pues la “identidad de bien jurídico” no
actúa ahora como una barrera para que las “otras” sanciones puedan ser impuestas,
cuando ya lo ha sido una sanción específica de la LSSI, sino que de hecho
impide que se pueda imponer bajo ninguna circunstancia una sanción específica
de la LSSI cuando la conducta esté igualmente tipificada como infracción en una
regla sectorial, aunque la sanción correspondiente no haya sido impuesta. ¿Y
cómo puede saber el funcionario del MCYT que existe una legislación sectorial
(autonómica) aplicable. ¿Tendrá que interpretar tal norma para saber si existe
tal identidad de bien jurídico. ¿Se inhibirá a favor de los órganos autonómicos,
a la espera de que éstos decidan si instruyen expediente sancionador o no.
¿Hemos, finalmente, de concluir que la LSSI es, desde el punto de vista de su
estructura jurídico administrativa, una ley de puro alcance subsidiario, y que
cede ante regulaciones más específicas.
Obsérvese que el art. 44 LSSI no presupone que en todo caso el concurso de
normas sancionadoras se corresponda con un concurso ideal de infracciones, en
el que el mismo hecho realiza dos transgresiones diversas tipificadas en dos normas
represivas distintas. Ello sólo ocurrirá cuando exista “diversidad de bienes
jurídicos tutelados”. Si no existe esta diversidad, estaremos ante un puro concurso
de normas represivas, sujeto al non bis in idem. Pero la norma es sorprendente,
pues ni da elementos para saber dónde puede hallarse la clave para averiguar
si la infracción afecta o no a bienes jurídicos dispares y, caso de que ello no ocurra,
provee una solución paradójica: si la sanción propia de la LSSI se ha impuesto
antes, no se podrá imponer otra sanción por una infracción que no afecte a un
distinto bien jurídico; pero si existe esta concurrencia susceptible de incurrir en
un caso de bis in idem la sanción LSSI no debería imponerse nunca (¿) 4 .
15. Normas relativas a servicios de la sociedad de la información en leyes
consumeristas sectoriales
Hemos dicho que existen otras leyes, y los correspondientes títulos competenciales
para producirlas, que pueden tener como materia regulable determinados
supuestos de hecho que se corresponden con la definición de “servicios de
la sociedad de la información”. Nos referiremos a algunas de ellas:
4. Sobre la concurrencia de normas sancionadoras administrativas y el concurso de infracciones, por
todo Rebollo, en Bercovitz / Salas, Comentarios a la Ley general para la defensa de los consumidores
y usuarios, 1992, págs. 889-897 y Nieto, Derecho administrativo sancionador, 3ª edic., 2002, pags. 439
y ss.
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