Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
CCAA. Las CCAA actúan siempre sobre su espacio, e imponen sus normas
con independencia de que la LSSI resulte o no aplicable, conforme a
sus propios criterios de aplicación.
(iv) La regla fundamental del sistema diseñado en la LSSI (a saber, la libertad
de operar estos servicios sin necesidad de autorizaciones administrativas)
no impide que estas autorizaciones puedan ser impuestas sobre la
base de competencias específicas actuadas por las CCAA para regular la
actividad comercial en su conjunto, o la actividad comercial realizada en
forma de contratación a distancia. O, en general, una autorización comercial
que eventualmente se exigiera en todo tipo de contratación con consumidores.
(v) Paradójicamente, del art. 1.2 de la LSSI resultaría que esta ley ni tiene ni
pudo tener como objeto la protección de los consumidores, pues semejante
función correspondería a normas producidas por un título competencial
específico. Pero una comprensión tal del problema sería irreal. De
hecho, el art. 3.1 a) LSSI –al que ya nos hemos referido– prueba que, en
materia de consumidores, la propia ley considera que tiene un contenido
de protección; de otra forma no se entendería su empeño en ser aplicada
a negocios celebrados por prestadores de servicios situados fuera de
España.
(vi) Hay títulos competenciales que se definen en función de la materia objeto
de regulación. Estos títulos coexisten con la regulación específica de la
LSSI, y, además, son de naturaleza más específica. La LSSI respeta la
independencia de tales títulos, y, en consecuencia, la existencia de una
regulación parcialmente paralela o diversa, que pueda tener también como
objeto “servicios de la sociedad de la información”.
(vii) Existen poquísimos supuestos de infracción tipificadas en el art. 38 LSSI
que puedan considerarse cubiertos por el único título competencial hecho
valer por el Estado para producir el Derecho público de la LSSI: la competencia
sobre la regulación de las telecomunicaciones.
(viii) La LSSI parece pretender un único espacio de exclusividad. La pretensión
del legislador es excluir que pueda existir cualquier regulación diversa a
la de la LSSI, que tenga como ocasión o como objeto regular el comercio
por medios electrónicos, siempre que esta regulación alternativa no se
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