Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
incluya en un materia más amplia, como pueda ser la regulación genérica
del comercio, de la publicidad, de la protección de los consumidores, de
la venta a distancia, etc.
(ix) Inconsecuentemente, la LSSI crea reglas de derecho cuya ejecución atribuye
a órganos que pueden ser órganos administrativos no estatales y que
resulten habilitados por normas distintas de la LSSI.
(x) El sistema de reparto de la competencia sancionadora es incongruente en
la LSSI. De un lado porque pretende establecer reglas vinculantes a las
distintas Administraciones autonómicas que tengan competencia por un
título específico distinto del que el Estado puede haber hecho valer para
producir la LSSI. De otro, porque pretende condicionar o excluir el ejercicio
autonómico de su propia y exclusiva competencia, cuando se haya
ejercitado primeramente la competencia sancionatoria del MCYT.
Finalmente, porque la norma acaba dando a entender que la propia competencia
sancionadora del MCYT es exclusivamente supletoria de otros
regímenes sancionadores cualesquiera que tengan por objeto proteger el
mismo bien jurídico que el que motivó la promulgación de la LSSI.
(xi) En la LSSI hay normas específicamente “consumeristas” [cfr. arts 3.1 d),
27.2 a) y 28.2 a] y existen otras normas que generalizan a cualquier destinatario
de servicios de la sociedad de la información un régimen que
nació y se desarrolló, antes de la LSSI, como régimen de protección específico
para consumidores. Esta absorción y generalización de la protección
no puede significar que queden igualmente absorbidas o abolidas
normas preexistentes (especialmente no estatales) que ya establecían un
régimen de protección específico para consumidores en el ámbito de la
contratación electrónica o a distancia. Así resulta reconocido en el art.
23.1 LSSI, por lo que se refiere a contratación electrónica. Podemos dejar
abierta la cuestión (cuya resolución es aquí innecesaria) de si el Estado
disponía de título competencial suficiente para producir todas las normas
que se contienen en la LSSI y que protegen al usuario genérico en un
modo de regulación que no es de Derecho privado. Lo que ha de quedar
fuera de duda es que las CCAA tienen competencia para (a) mantener las
normas equivalentes que al respecto tenían, y que se referían a consumidores,
(b) producir normas de protección suplementarias destinadas a consumidores.
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