Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

FINALIDADES DE PROTECCIÓN Y TÍTULOS COMPETENCIALES EN LA LSSI
quedarán sujetos a las obligaciones previstas en esta Ley, siempre que ello no
contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales.
La aplicación incondicional del art. 8 LSSI a este tipo de prestadores vuelve
a introducir un criterio de aplicación que utiliza factores consumeristas, igual
que hacía el art. 3 para los prestadores de servicios establecidos en la UE y
EEE. En efecto, según el precepto, y por lo que importa a nuestra actual consideración,
los órganos competentes para la protección de (…) la salud pública
o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores, podrán
adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa la prestación o para que
se retiren los datos que vulneran esta protección. Ya conocemos el procedimiento
y límites que los apartados siguientes de este precepto imponen a semejante
actuación.
Más allá de tales reglas generales de delimitación de ámbito de aplicación de
la LSSI, existirán otras normas que por su propia configuración no podrán aplicarse
a determinados prestadores de servicios. Así, la obligación impuesta en el
art. 9 de hacer constar en el Registro Mercantil el nombre de dominio del prestador
sólo será aplicable a las empresas que estén sujetas a inscripción, siquiera
facultativa, en el Registro Mercantil. Igualmente ocurre con las obligaciones de
información establecidas en las letras a) y b) del art. 10.1 LSSI.
El art. 26 LSSI regula la ley aplicable a los contratos electrónicos, y remite al
régimen general de Derecho internacional privado español. Mas de nuevo se
trata de una norma específica del régimen de Derecho privado, único al que pueden
referirse tales normas. Hemos de observar, además, que la ley española
eventualmente aplicable no tiene que ser (ni será) exclusivamente la LSSI.
Incluso pueden ser otras normas jurídico privadas españolas, y no serlo la LSSI.
Pues teóricamente al menos cabe la posibilidad de que la LSSI no resulte como
tal aplicable por los arts. 3 y 4 de la misma, y que sin embargo sí resulten aplicables
otras normas de Derecho material español, como consecuencia de la aplicación
de las reglas generales de Derecho internacional privado.
Existen condicionantes de tipo fáctico para la aplicación universal de otras
reglas establecidas en la LSSI. Así ocurre con el deber de colaboración impuesto
en el art. 11, que sólo es practicable respecto de empresas prestadoras de servicios
que tengan una estructura y un grado de establecimiento que permitan
atender en cada territorio al cumplimiento de este deber.
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