Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL PRESIDENTE
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Una vez sentado el alcance general de la homogeneización constitucional, a
continuación se van a examinar con más detalle aquellos aspectos del artículo
152.1 que de manera específica determinan la configuración constitucional de la
Presidencia de las Comunidades Autónomas.
2. Un Presidente en el marco de una forma de gobierno parlamentaria.
Como ya se ha apuntado anteriormente el artículo 152.1 CE establece las instituciones
necesarias de las Comunidades Autónomas (Asamblea Legislativa,
Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y Presidente
con funciones representativas y de dirección del Consejo de Gobierno) y las relaciones
interorgánicas (elección del Presidente por la Asamblea de entre sus
miembros y responsabilidad política del Presidente y de los miembros del
Consejo de Gobierno ante la Asamblea). La atribución de funciones distintas a
órganos diferentes, la elección del Presidente por la Asamblea y la responsabilidad
política del poder ejecutivo ante la Cámara han llevado a la unánime conclusión
doctrinal de que la Constitución española contempla para las
Comunidades Autónomas un sistema de separación de poderes y una forma de
gobierno parlamentaria 5 . En efecto, la procedencia parlamentaria del poder ejecutivo
y especialmente la necesidad del vínculo permanente de confianza entre
éste y el poder legislativo responden al patrón esencial y clásico del régimen parlamentario
6 .
En la regulación clara y concisa del artículo 152.1 CE se observa que, a diferencia
del modelo más generalizado de la forma de gobierno parlamentaria, no
se incluye el derecho de disolución del Parlamento por parte del poder ejecutivo
como factor de equilibrio frente al principio de responsabilidad política. No obstante,
este elemento no puede ser considerado como un componente ineludible
de la forma de gobierno parlamentaria y así lo subrayan algunos autores a partir
del caso de Noruega, donde no existe la disolución anticipada del Parlamento, y
de la evolución contemporánea del derecho de disolución que se ha convertido
más en un instrumento en manos de los Gobiernos para convocar elecciones en
el momento más favorable a sus intereses políticos que en un mecanismo equilibrador
entre el poder ejecutivo y el poder legislativo 7 . Por otro lado, la ausencia
en el artículo 152.1 CE de la mención al derecho de disolución del
Parlamento no debe entenderse como una prohibición, sino como una muestra
5. Véase J. Rodríguez Zapata. Op. cit. Pág. 382.
6. Véase G. U. Rescigno. La responsabilità politica. Milano. Giuffré. 1967. Pág. 1.
7. Véase Ph. Lauvaux. La dissolution des Assemblées Parlementaires. Paris. Económica. 1983. Págs.
48-53, 477-478.
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