Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
En estos términos, la concurrencia ya no puede resolverse en función de
reglas de aplicación abstracta, y será preciso una labor de ponderación caso por
caso para fijar los límites que el principio de unidad de mercado impone al ejercicio
autonómico de competencias que se proyectan sobre la reglamentación del
mercado.
El Tribunal Constitucional se ha servido de dos mecanismos a través de los
cuales realizar la ponderación. El primero consiste en el enjuiciamiento de los
niveles de incidencia de la regulación autonómica. El segundo, en la elaboración
de subreglas más específicas que las contenidas en el art. 139.2 CE.
El primer mecanismo de ponderación consiste en postular la diferencia entre
la incidencia y la obstaculización del mercado (cfr. SSTC 37/1981 y 64/1990).
Este test es de escasa utilidad. Sustituye la necesaria ponderación entre unidad y
autonomía por otra no menos huidiza entre obstaculizar e impedir, lo que remite
a nuevos niveles y criterios de ponderación suplementarios.
El segundo mecanismo consiste en la elaboración de diversos test de concreción
del principio de unidad en subreglas. Estas subreglas –por lo demás, profusamente
utilizadas por el Tribunal Constitucional en ámbitos distintos al presente–
son las siguientes: el test de proporcionalidad y la igualdad de condiciones
básicas en el ejercicio del derecho.
8.3. El test de proporcionalidad.
Según éste, la norma autonómica no respeta el mandato del art. 139.2 CE
cuando no existe proporción entre el fin constitucionalmente lícito y la medida
obstaculizadora del mercado (SSTC 37/1981, 88/1986, 87/1987, 64/1990). Esta
regla es también utilizada por la jurisprudencia comunitaria en el ámbito de aplicación
de los arts. 30 y 36 del Tratado de Roma. Utilizando la versión comunitaria
de la misma, más desarrollada que la del Tribunal Constitucional, podremos
decir que una medida autonómica es contraria al principio de libre circulación
cuando la medida obstaculizadora no esté justificada por el fin legítimo perseguido
o cuando entre la medida y el fin no exista proporcionalidad, por poderse
asegurar el cumplimiento del fin con una medida menos gravosa para el libre
intercambio en el mercado interior (cfr. la exposición de esta regla en la famosa
sentencia de Cassis de Dijon, As. 120/78, Rec. 1979, pág. 649; apuntada ya en
la sentencia Dasonville, sentencia de 11 de julio de 1974, As. 8/74, Rec. 1974,
pág. 837. En aplicación de la misma, en el asunto GB-INMO-BM -As. 362/88,
sentencia de 7 de marzo de 1990, Rec. 1990, pág. I-667-, el Tribunal de Justicia
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