Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MANUEL GERPE Y JOAN VINTRÓ
otra parte, es consustancial a toda delegación, y particularmente si el sujeto delegante
es un cargo político. Reafirma la nota de temporalidad, además, el hecho
de que la delegación pueda ser revocada por el Presidente en cualquier momento,
como así se indica en el último inciso del artículo 64 de la Ley 3/1982. El
requisito de la temporalidad supone que el Presidente cuando delega sus funciones
debe fijar un plazo a la delegación que opera como plazo máximo de finalización
y que puede extenderse durante todo el tiempo de mandato que le quede
al delegante. Al mismo tiempo, la temporalidad tiene otra virtualidad cual es la
de impedir que por vía convencional se pueda institucionalizar de forma estable
la delegación, ya que, al tener cada delegación un plazo cierto, cualquier nueva
delegación requiere un acto específico de creación.
Examinando la práctica de la delegación en Cataluña cabe formular en relación
al requisito de la temporalidad dos anotaciones. La primera es de carácter
crítico ya que los decretos 201/1983 y 253/2002 46 no contienen mención alguna
al plazo de finalización de la delegación establecida. En estos casos puede
entenderse que la delegación dura hasta el final del mandato del Presidente, pero
hay que advertir que la delegación no queda automáticamente renovada aunque
el Presidente repita mandato. La segunda sirve para constatar que el plazo de la
delegación puede alargarse por todo el tiempo de mandato de que dispone el
Presidente. En este sentido, el decreto 12/2001 (art. 2) señala que la delegación
se extiende “hasta el final de la presente legislatura parlamentaria” y ello supone
en este caso una duración, en principio, de más de dos años y medio.
4. Sujetos.
No queda duda, después de lo anteriormente expresado, de que el sujeto delegante
es el Presidente de la Generalidad una vez ha recibido la investidura parlamentaria
y ha tomado posesión de sus funciones.
En cuanto al sujeto delegado, tanto el Estatuto (art. 36.3) como la Ley 3/1982
(art. 64) indican que la delegación presidencial debe recaer “en un Consejero” 47 .
Dicho de otro modo, el Presidente no puede atribuir la delegación a una persona
ajena al Gobierno, sino que debe conferirla a un Consejero previamente incorporado
al ejecutivo. Con la regulación actualmente contenida en el artículo 12 de
46. El decreto 253/2002 reduce, como se analizará más adelante, el alcance total de la delegación
operado por el decreto12/2001 al atribuir la Presidencia de las Comisiones del Gobierno a dos consejeros
y sustraerla al Conseller en Cap.
47. La ley vasca 7/1981 señala que el destinatario de la delegación ha de ser el Vicepresidente
Primero.
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