Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

REFLEXIONES SOBRE LA COORDINACIóN EN LA INTEGRACIóN
Y LA REGLA DE LA PREVALENCIA
Constitución o por los Estatutos de Autonomía, ha sido incluida en una u otros
una materia entendida como conjunto de actividades, funciones e institutos jurídicos
relativos a un sector de la realidad social (...)” 41 .
Obsérvese que el recelo del Tribunal en aceptar que el elenco de ámbitos
materiales, a disposición del Estado y de las Comunidades Autónomas, se agoten
en las definiciones al respecto que incluyen los títulos competenciales consignados
en la Constitución y los Estatutos, admite interpretarse favorablemente
a un reconocimiento jurisprudencial de las competencias vacantes. Repárese
además en la firmeza con que expresa el Tribunal su opinión respecto a la técnica
utilizable para resolver, mediante la cláusula residual del art. 149.3 de la
Constitución, los conflictos competenciales que surjan con ocasión del ejercicio
de una competencia vacante.
Sin embargo, no se juzga procedente conceder un tratamiento indiferenciado
a los dos supuestos de competencias vacantes que vienen contemplándose.
Quiere decirse con ello que sin cuestionarse aquí, según se adelantaba, que deba
obrarse con arreglo al método indicado por el Tribunal en relación con las identificables
como desgajadas de las listas de la Constitución y de los Estatutos, se
estima merecedora de una consideración distinta la otra modalidad de competencia
vacante en examen, esto es, la conformada por una materia que los legisladores
constituyente y estatuyentes no pudieron tener en cuenta cuando ejecutaron
sus respectivas tareas, en tanto en cuanto versa sobre un imponderable. En
tal caso, aunque en buena lógica puede llegarse a las mismas conclusiones expresadas
cuando se analizaba la modalidad de competencia vacante recién aludida,
y así lo respalde la citada opinión del Tribunal Constitucional, es razonable sostener
que no debe hurtarse a la acción del principio dispositivo la oportunidad
que en el pasado no tuvo; y que, por eso mismo, no debería negarse a las
Comunidades Autónomas la posibilidad de gestar, como el Estado, tal categoría
de competencias vacantes. Lo que obligaría, entre tanto lo son porque no se
reformen la Constitución o los Estatutos, a emplear la cláusula de prevalencia
para dirimir los conflictos competenciales que surjan del supuesto contemplado.
IV. En torno al modo de operar la cláusula
Alcanzado este punto sólo resta por manifestar cómo se entiende aquí que
actúa la cláusula de prevalencia. A cuyo propósito quizá no sea ocioso volver
41. Cfr. STC 133/1997, F.J. 3º, in fine.
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