Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ANA VALERO HEREDIA
mente protegidos, sea imprescindible la realización de una “ponderación de bienes”
que determine cuál de ellos prevalece en el caso concreto y con el objetivo
de que la restricción, en su caso, aplicada a uno de ellos, sea acorde con el prius
de supremacía constitucional de los derechos fundamentales 34 .
Sobre la base de las argumentaciones expuestas, y por lo que respecta a la
presente Sentencia, podría entenderse que una apriorística prevalencia de cualquiera
de los derechos en conflicto no habría sido constitucionalmente admisible
35 ; sin embargo, la superioridad del derecho a la vida del menor vino determinada,
irrefutablemente, en virtud del valor superior que el ordenamiento dispensa
al estatuto jurídico indisponible de un menor de edad 36 . En este sentido, la
adecuación constitucional del orden jerárquico establecido en sede judicial
resultó constitucionalmente amparada. El supremo intérprete de la Constitución
estimó adecuado el juicio de ponderación realizado por el órgano judicial entre
los bienes jurídicos en conflicto –derecho a la vida del menor y derecho a la
libertad religiosa y de creencias de los padres– que había dotado de prioridad a
la protección del derecho a la vida del menor. Sin embargo, entendió que dicho
juicio de ponderación no debió haberse extendido a la privación de los padres del
ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa, en estricta observancia
del “principio jurisprudencial de necesidad”.
La valoración en términos de ponderación es un paso previo, inicial y necesario
para la realización de juicios posteriores sobre la proporcionalidad de la
limitación, que permitan revisar si la armonización de los derechos y bienes
constitucionales se ha realizado de manera adecuada, es decir, procurando que
ninguno de ellos resulte injustificadamente sacrificado y para evitar que la restricción
aplicada “vaya más allá de lo estrictamente necesario” 37 . El Tribunal
Constitucional trató de determinar si la limitación del derecho de libertad reli-
34. Sobre la aplicación por el Tribunal del mecanismo de ponderación de bienes véanse por todas
las SSTC 120/83; 22/84; 53/85; 104/86; 159/86 y 105/90.
35. STC 34/1996, FJ 4°: “El ejercicio de cada derecho no tiene más límites que los fijados explícita
o implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los demás, sin prevalencia
apriorística de cualquiera de ellos, y, por tanto, en un equilibrio inestable, sin que ninguno de
ellos tenga carácter absoluto ni rango superior a los colindantes”.
36. Al respecto, el Tribunal en su Sentencia 141/2000, FJ 5° dispuso claramente que en caso de conflicto
entre las libertades y derechos de los progenitores y del menor, éstos deberán ser ponderados
teniendo siempre presente el “interés superior” de los menores de edad.
37. El Tribunal Constitucional estima que el principio de proporcionalidad es un elemento integrante
del Estado de Derecho. En este sentido la Sentencia 85/1992 en su FJ 4°, dispone: “(...) es importante
destacar que al efectuar la ponderación debe tenerse también muy presente la relevancia que en la misma
tiene el criterio de proporcionalidad como principio inherente del Estado de Derecho, cuya condición de
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