Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

ÁNGEL CARRASCO PERERA
carácter comercial de la relación regulada, de la presencia de un consumidor,
del carácter específico de la venta como una venta a distancia; pero es evidente
que no cabe imaginar una regulación paralela y ajena a la específica de la
sociedad de la información que retenga como elemento justificador de esta
vocación regulatoria el que la relación comercial se desarrolle por vía electrónica.
¿Para qué habría de regular una Comunidad Autónoma la específica contratación
electrónica como tal, cuando puede hacerlo como una clase dentro
del género de las ventas a distancia, o de los negocios que en general tienen
lugar entre empresarios o consumidores, o como un incidente de la regulación
que se provea de la ordenación turística o de la promoción comercial o de la
venta de viviendas, etc.
El art. 8.1 establece que los “órganos competentes para la protección” de los
principios que a continuación enumera pueden adoptar las medidas necesarias
para que se interrumpa la prestación del servicio. Entre tales principios se halla
la protección de la salud pública o de las personas que tenga la condición de
consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores. El contenido
ulterior de la norma es curioso, e ilustra la enorme tensión con la que en la LSSI
pretenden convivir distintas vocaciones regulatorias. Pues el resto del art. 8 se
dedica a establecer un detallado procedimiento (en gran parte carente de sustancia
propia, por reproducir obviedades) para el ejercicio de tales competencias
por los “órganos competentes”, cuando tengan por objeto la interrupción del servicio
o una restricción sobre un prestador de servicios establecidos en otro
Estado de la UE o del EEC. Ciertamente se trata de una norma exorbitante, pues,
cualquiera sea el título competencial que se quisiera hacer valer, el Estado no
puede arrogarse una competencia para determinar, ni tan siquiera con carácter
básico, cómo han de ejercer sus propias competencias las Administraciones
autonómicas que actúan en el ejercicio de su competencia reguladora y no meramente
ejecutiva.
El art. 10 LSSI enumera una serie de circunstancias que el prestador de servicios
tienen que poner a disposición de los destinatarios como información permanente,
directa y gratuita. Es igualmente evidente que no puede pretenderse un
título competencial específico de la sociedad de la información para imponer tal
obligación de información. El propio precepto lo comprende así, cuando establece
la reserva de que tal norma procederá sin perjuicio de los requisitos que en
materia de información se establece en la normativa vigente. Como resulta, por
ejemplo, de la circunstancia de la letra f) (información sobre el precio), la imposición
de obligaciones precontractuales de información es una materia que puede
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