Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MARÍA MARTÍN SÁNCHEZ
Enseñanza Secundaria; en cuanto a sanidad, lo estipulado es anticipar la ejecución
de las inversiones necesarias, sobre todo tratándose de una materia cuya
competencia ha sido transferida al Gobierno Regional, recientemente; por último,
en lo referente a infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones
y promoción de determinados sectores productivos, se trata de financiar la ejecución
de proyectos estratégicos para el desarrollo futuro de Castilla-La Mancha
en el marco del Proyecto de Celebración del IV Centenario de la publicación de
la obra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Su finalidad no es
otra que dar una imagen moderna y propicia para invertir en nuestra Región, de
ahí la necesidad de las mencionadas infraestructuras.
Por último, la designación de la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha
supondrá una serie de gastos –a cargo de las Cortes de Castilla-La Mancha– que
financien la correcta puesta en marcha de dicha Institución.
La presente consta únicamente de dos artículos, dedicados ambos al reparto
de los créditos asignados a las distintas partidas. Finaliza con una Disposición
Adicional, en la que se disponen dos pequeñas modificaciones de la Ley
14/2001, de 14 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2002, a raíz de la entrada en
vigor de esta Ley de crédito extraordinario; por último, esta Ley se cierra, como
suele ser habitual en estas leyes, con una Disposición Final.
Ley 14/2002, de 11 de julio, de ordenación y fomento de la artesanía de
Castilla-La Mancha.
Varios son los preceptos legales y constitucionales que han impulsado el
nacimiento de esta Ley. Por una parte, el artículo 31.1.14º del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha, prevé que nuestra Comunidad tiene competencia
exclusiva en materia de Artesanía dentro del ámbito regional. Por otra
parte, es la propia Constitución Española la que, desde su artículo 130.1 CE da
a los poderes públicos –entre ellos las Comunidades Autónomas– el mandato de
atender al desarrollo y modernización de determinados sectores económicos,
entre los que expresamente menciona el de la Artesanía, con el objetivo de equiparar
el nivel de vida de todos los ciudadanos.
Así las cosas, se hace necesario que nuestra Comunidad de cumplimiento al
mandato constitucional, no a través de una disposición que se limite a desarrollar
la función legislativa en materia de Artesanía, sino a través de una Ley que
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