Parlamento y Constitución. Anuario núm. 6 (2002) - Cortes de ...

MANUEL TEROL BECERRA
riales integrantes en el proceso mediante el cual adopta el Estado sus decisiones,
a fin de lograr que la integración de las partes en el todo sea real y efectiva.
I. El papel de la coordinación estatal en las construcciones de Eduardo
Llorens sobre la autonomía de la integración política.
1. Lo sustancial de la integración para Eduardo Llorens.
Sobre este último asunto versa la primera reflexión de Llorens que interesa
traer a colación por cuanto expresa respecto a su idea de Estado integrador. Se
alude a las manifestaciones que a propósito de la fórmula “Estado integral”,
incorporada al art. 1º de la Constitución de 1931, empleaba inmediatamente a
continuación de rechazar que el epíteto de integral fuera de feliz elección para
designar la estructura del Estado español 3 . Será entonces cuando analice en su
conjunto el precepto que acogía tal expresión para, luego de transcribirlo
–“añade el art. 1º que España, Estado integral es compatible con la autonomía de
los municipios y regiones”–, calificar de “triunfo innecesario”, esa referencia al
Estado integral y de sorprendente su formulación, desde el momento en que,
como explicaba, la clase de integración contemplada en la Constitución era
“meramente individual con respecto a la declaración de las decisiones del
Estado, acto en que se manifiesta por excelencia la integración”, pues los individuos,
sostenía, actúan aislados en la colectividad política estatal 4 .
En su opinión hubiera sido menos imperfecta la integración política española
de haberse dado “participación legal efectiva en las decisiones a las colectividades
integrantes”, en especial a las territoriales. Eso, subrayaba, le habría
comunicado “más amplio y sólido fundamento y por tanto mayor estabilidad a
la estructura del Estado”. Sin embargo, en su diagnóstico de la situación jurídico-política
ésta apelaba a otra realidad. Según afirmaba, la autonomía constitucionalmente
atribuida a los municipios y demás colectividades territoriales, así
como la eventual de las provincias que finalmente formaran una región, carecía
de consecuencias para la estructura política, en tanto que, explicaba, “no concede
a las colectividades autónomas facultad de cooperación directa en la gestión
del Estado participando como elementos integrantes en la declaración de las nor-
3. Según aclaraba, “si por integral se entiende el resultado de una integración, todo Estado lo es. Si
el vocablo encierra alusión a la integridad territorial como parece deducirse del art. 8º (‘El Estado español,
dentro de los límites irreductibles de su territorio actual...’) toda colectividad política la supone. Cfr.
La autonomía de la integración política. Cit. pág. 99.
4. Cfr. Idem.
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