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POLÍTICA Y NACIÓN CULTURAL: PUERTO RICO 1898-1938 21
jurisdicción del Departamento del Interior. 5 El Acta Foraker ratificó el dominio absoluto
del Congreso sobre la colonia, aun a costa de contravenir la propia constitución
estadounidense al vincular, mediante el Consejo Ejecutivo, las ramas ejecutiva
y legislativa. Este organismo era una especie de cámara alta compuesta por
once miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos por términos de
cuatro años. Cinco de ellos tenían que ser puertorriqueños, pero la mayoría la
constituían los seis jefes de Departamento que formaban el gabinete del gobernador,
a quien también nombraba el presidente. El cuerpo verdaderamente representativo
era la Cámara de Delegados, compuesta por 35 miembros, cinco por cada
uno de los siete distritos territoriales, elegidos cada dos años. Su poder legislativo
quedaba subordinado al Consejo Ejecutivo, al gobernador y al Congreso. La Ley
proveía además para la elección local de un Comisionado Residente en Washington,
sin voz ni voto en el Congreso. 6
Además, para hacer énfasis en que no se vislumbraba la incorporación federada
de Puerto Rico, la Ley Foraker lo reconoció como una entidad política y social
distinta de la de Estados Unidos con ciudadanía propia (la puertorriqueña), sólo
que al privársele de soberanía independiente, dejó a los naturales de la Isla en un
limbo jurídico para fines internacionales. 7 Es decir, a los puertorriqueños no se les
admitió como ciudadanos norteamericanos, pero tampoco se les permitió crear un
estado soberano que respaldara su propia ciudadanía.
En otra acción contradictoria con sus principios democráticos, el Congreso incluyó
a Puerto Rico en las leyes federales de cabotaje (obligándolo a usar barcos
norteamericanos en el comercio con Estados Unidos), pero contravino el principio
constitucional de uniformidad arancelaria entre los estados y territorios de la
Unión al imponer una tarifa temporera del 15% a los productos comerciados entre
la Isla y los puertos continentales, lo que con el tiempo ayudó a fortalecer el argumento
que definió la Isla como territorio organizado no-incorporado, marginado
de las garantías constitucionales. 8 El norteamericano William Willoughby, Tesorero
de Puerto Rico (1901-1907) y Presidente del Consejo Ejecutivo (1907-1909), lo
tildó de gobierno autocrático, toda vez que los poderes administrativos quedaban
en manos de siete funcionarios (el gobernador y los seis jefes de Departamento)
5 Jorge Rodríguez Beruff, Política militar y dominación. Puerto Rico en el contexto latinoamericano,
Río Piedras, Ediciones Huracán, 1988, p.151; José Trías Monge, Las penas de la colonia más antigua
del mundo, Trad. de Ángel Casares, Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1999,
pp. 83-112.
6 Para un amplio análisis de la Ley Foraker, cf. José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto
Rico, 4 vols., Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1981, vol. 1, capítulos XI-
XIII; María Dolores Luque de Sánchez, La ocupación norteamericana y la Ley Foraker (la opinión pública
puertorriqueña) 1898-1904, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1980. Sobre sus orígenes cf.
Lyman J. Gould, La Ley Foraker: raíces de la política colonial de los Estados Unidos, Río Piedras,
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1969; Carmen I. Raffucci, El gobierno civil y la Ley Foraker,
Río Piedras, Editorial Universitaria, 1981.
7 Reece B. Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha política, Río Piedras, Editorial de la Universidad
de Puerto Rico, 1979, 5 vols., I-1, docs. 53 y 54, pp. 301-303.
8 Rafael Bernabe, Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña 1899-1929, Río Piedras,
Ediciones Huracán, Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad de Puerto
Rico, 1996, pp. 21 y 25. Según Bernabe, «Para abrir espacio al colonialismo dentro del régimen constitucional
norteamericano se formuló la hasta entonces desconocida distinción entre territorios incorporados
y territorios no incorporados». El libre comercio se estableció en 1901.