¿ FIN DE CICLO?

5. diagnÓstico Y desaFÍos de la educaciÓn PÚblica… / D. Raczynski 151
competencia en condiciones de desigualdad con la educación particular subvencionada
y procedimientos administrativos y legales engorrosos, lentos, poco claros y
ambiguos en cuanto a las funciones, roles y responsabilidades que corresponden a
los distintos niveles del sistema educativo.
el estatuto docente (ley 19.070 aprobada en 1991 y reformada en 1997) es
el componente más mencionado y criticado por los sostenedores en relación al
marco normativo 14 . desde el punto de vista de los encuestados/entrevistados esta
normativa sería restrictiva para una gestión eficiente de los recursos humanos, y no
conduciría a prácticas de trabajo orientadas a obtener una buena formación escolar
y altos resultados de aprendizaje. esto, porque al quitarle autonomía a los sostenedores
y escuelas para manejar sus plantas docentes y directivas, en la práctica
perpetuaría a profesores y directivos de mala calidad en los colegios. a lo anterior
se suma el argumento de que el estatuto docente aumenta los costos financieros de
la educación municipal pues los salarios aumentan según años de servicio y cursos
de perfeccionamiento, sin un ajuste equivalente de la subvención. no cabe duda
de que es conveniente reformular el estatuto docente, tema que ha sido trabajado
en el ministerio con el colegio de Profesores, con propuestas de carrera docente,
evaluaciones docentes y otros elementos. no obstante, es importante explicitar que,
como lo señala parte de la evidencia ya presentada, hay municipios que sin salirse de
las normas del estatuto docente han logrado adecuar su planta docente y equilibrar
su presupuesto de educación. lo anterior significa que muchos alcaldes y jefes de
educación no hacen uso de espacios de flexibilidad y autonomía existentes. en este
sentido, cabe pensar que a la eventual rigidez impuesta por el estatuto se suman otros
factores propios de los criterios de toma de decisiones de los municipios. Parte de
la evidencia sugiere que a veces existe desinformación sobre la normativa. a modo
de ejemplo, en las entrevistas se plantea la injusticia de tener que reducir primero
las horas docentes a contrata y sólo después las de planta, en circunstancias que
esta norma había sido modificada hace un tiempo.
Frente a la pregunta de qué hacer en relación con el estatuto docente, entre los
entrevistados algunos abogan para que estas decisiones sean fruto de negociaciones
locales. otros no se oponen a las decisiones centrales defendiendo los intereses del
gremio docente, opinión que tiende a concentrarse más en concejales que en los
equipos técnicos del daem o corporación, o el alcalde, y muy presente también
entre profesionales del deProv. la postura más frecuente plantea que el estado
debe asegurar que los sostenedores municipales dispongan de recursos suficientes
para aprovechar los espacios de decisión que deja abiertos la legislación: recursos
para remunerar, de acuerdo a las decisiones centralmente tomadas, a sus recursos
humanos; pago de indemnización cuando se justifica y bonos de jubilación, por
nombrar algunos. en una posición intermedia están los que plantean revisar el
estatuto docente, priorizando criterios de desempeño y de calidad de resultados
de aprendizaje, y buscando coherencia con incentivos de mérito presentes en otros
14 al mismo tiempo se reconoce que en 1990 su formulación y aprobación en el parlamento
era necesaria o inevitable pues había que responder a la deuda social con los
docentes municipales y devolverles parte de los derechos laborales que perdieron en
los años 80.