¿ FIN DE CICLO?

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¿Fin de ciclo? cambios en la gobernanza del sistema educativo
en relación a la superintendencia, las nuevas normas, mecanismos y procedimientos
institucionales para el control y fiscalización del cumplimiento de la
normativa y de los recursos que el estado aporta a la educación, generaron un debate
áspero. Pero dicha discusión logró alcanzar un punto medio en relación a cómo
resguardar la gestión autónoma de los establecimientos, en un marco regulatorio
que asegure y resguarde la fe pública y el buen uso de los recursos para educación.
este punto fue latamente abordado a la hora de definir la nueva superintendencia
de educación y está reflejado en el proyecto sustitutivo de ley de aseguramiento de
la calidad que fue elaborado de común acuerdo, reemplazando el proyecto original
que crea la superintendencia de educación.
la discusión se centró, principalmente, en el objeto de fiscalización por parte
de la superintendencia. Para la concertación, éste debía ser el uso de los recursos,
planteando en un principio la ilegalidad de que los sostenedores pudieran percibir
utilidades, y luego, fijando un porcentaje máximo para las ganancias. Para la
alianza, el rol de la superintendencia debía ser la fiscalización del cumplimiento
de la normativa, así como la aplicación de sanciones ante su incumplimiento, lo
que incorporaba las posibles exigencias hacia los establecimientos, de presentar
balances u otros estados financieros que fuesen requeridos, así como todas las
demás exigencias en relación al personal, alumnos o apoderados. sin embargo, este
conglomerado político se oponía a que el uso de los recursos fuera sancionado. ello
porque, la base de un sistema de aseguramiento de la calidad es que los colegios
alcancen estándares educativos altos y, por tanto, es ello lo que debe ser sancionado
y no el cómo los recursos sean repartidos entre gastos en personal, infraestructura,
equipamiento o ganancias, puesto que la alianza no cree en la existencia de un
único modelo de gestión de los recursos.
la anterior discusión se zanjó medianamente. Por una parte se descartó la
ilegalidad de las ganancias y, por otra, se determinó que de todas maneras se
fiscalizaría el uso de los recursos. así, la argumentación se trasladó hacia si esto
último se realizaría sólo en el caso de recursos públicos (postura de la alianza) o
si también se incluirían los recursos privados –que aportan las familias (postura de
la concertación), estableciéndose finalmente en el acuerdo que sólo se haría en el
caso de recursos públicos. sin embargo, en el curso del tratamiento legislativo, tanto
de la lge como del aún proyecto de ley de aseguramiento de la calidad, y fruto del
acercamiento de posiciones de los parlamentarios que participaron más activamente
en este debate, se terminó por establecer el principio de que la superintendencia
fiscalizará la totalidad de los recursos. incluso, en situaciones excepcionales y por
demandas o denuncias de los padres, también podrá actuar en el caso de establecimientos
particulares pagados.
en relación a las sanciones y consecuencias, el debate también fue intenso. la
alianza no estaba de acuerdo con la intervención de las escuelas de la manera propuesta
por los proyectos de ley del ejecutivo, considerando que el que un “administrador
provisional” se hiciera cargo de la administración de las escuelas cuando se daban
ciertas circunstancias (como faltas administrativas) era una expropiación. asimismo,
tampoco estaba de acuerdo con la forma en que se designaba este interventor (era
elegido por el mineduc de entre sus funcionarios o instituciones acreditadas en su
registro). Finalmente, se acordó que esta figura se usaría sólo en el caso de dar