¿ FIN DE CICLO?

1. PolÍticas educativas de largo Plazo… / C. Larroulet y P. Montt 37
por entes del estado (más o menos descentralizados). sin embargo, para muchos
éste no era un tema relevante para lograr la calidad y su significado fue polémico
desde un inicio. Por su parte, la alianza expresó que este punto sacaba el foco de la
verdadera discusión hacia un debate ideológico estéril, argumentando que el lucro
no es un factor que afecte la calidad. la alianza establecía que la clave era que la
salida de los malos proveedores fuese rápida y expedita, lo que ocurriría con el nuevo
sistema de aseguramiento de la calidad y no que se pusieran tantas limitaciones a
la entrada de proveedores.
en chile un 60% de los establecimientos particulares tiene fines de lucro y, según
estudios recientemente realizados (elacqua et al., 2008), ello no es un determinante
en los resultados. así, dicho debate se enmarca más bien en una cuestión ideológica
pura, como ocurre frecuentemente en el ámbito educativo, sin duda válido desde
el punto de la libertad de pensamiento y el debate democrático. Por ello, lograr un
acuerdo en este tema fue más bien un problema político que técnico. durante toda
la discusión, se calibró el accionar por parte de ambos sectores evaluando las consecuencias
que tendría el hecho de que se instalara la percepción de que uno de los
dos sectores se impuso al otro. así, hasta último momento se ensayaron fórmulas
que no lograban dejar satisfechos a unos y a otros. Finalmente, el gobierno y una
mayoría de la concertación, aceptó que lo importante era asegurar una efectiva fiscalización
de los recursos, y que si no había cambio y se seguía con la loce ésta era
imposible, pues los recursos que los administradores recibían podían redestinarlos
a cualquier otra actividad económica sin ninguna consecuencia 22 . dicha cuestión
para la concertación era de extrema importancia, sin embargo, para la alianza lo
que importaba era que otorgaran educación de calidad, independiente del uso de
los recursos, puesto que no existe un modelo único respecto de cómo gastarlos y
ello es parte de la autonomía.
la solución fue acercar posiciones: la alianza ganó el que estuviera permitido
el lucro, y la concertación el que hubiera fiscalización y conocimiento público del
uso de la subvención escolar y de los recursos que aportan los padres (financiamiento
compartido). la fórmula que se encontró para cumplir lo anterior fue que
todos los administradores educativos privados, que según la loce podían tener
múltiples giros, deberán, de ahora en adelante, tener giro exclusivo en educación
(fácilmente fiscalizable). la solución técnicamente adecuada, no dejó de producir
un fuerte ruido político.
relacionado con lo anterior, la concertación consideraba que la loce establecía
requisitos muy poco exigentes a los que desearan convertirse en administradores
educativos. Por su parte, la alianza consideraba que lo importante, más allá de
requisitos mínimos que debiese cumplir cualquier establecimiento y sostenedor,
era que la salida de los malos establecimientos fuese rápida y expedita, ya que, a
priori, no se puede saber cuáles serán buenos o malos establecimientos.
22 cabe recordar que, adicionalmente, la ley de subvenciones (financiamiento) establece que los
recursos aportados por el estado son para pagar un servicio “ya prestado”. esta distinción permitía
a algunos sostener que la subvención estatal una vez pagada era del administrador, no teniendo
éste ninguna obligación de rendirla.