¿ FIN DE CICLO?

1. PolÍticas educativas de largo Plazo… / C. Larroulet y P. Montt 43
cambios reflejan sus preferencias. en estricto rigor, para la alianza no tiene relevancia
la división entre educación pública o privada, puesto que no considera que exista un
valor común y diferente al que pudiese otorgar el sector privado, en la educación
impartida por entidades estatales. Por el contrario, cree que cada establecimiento, sea
éste público o privado tiene un proyecto educativo que representa los valores de esa
comunidad. ello no desconoce que los establecimientos municipales muchas veces
deben educar a aquellos estudiantes que no son educados por el sector privado (rol
subsidiario del estado). sin embargo, ello no significa que todos los establecimientos
municipales deban recibir un trato especial per se, sino que son dichos estudiantes
quienes debieran recibir más apoyo, sea cual sea el establecimiento que elijan. el
problema es que dicho apoyo –en particular financiero– no existe actualmente de
manera universal (sólo se otorgan recursos especiales a alumnos vulnerables que
asisten a establecimientos que firman un contrato (ley seP que, sin duda, es un
avance) y, por tanto, los obliga a asistir a ciertos establecimientos.
la alianza entendía que entrar en la discusión respecto de una definición de
largo plazo de lo que el país va entender por educación pública podía terminar con
que los estudiantes de establecimientos privados (muchas veces igual o más pobres)
no pudieran recibir subvención; fueran discriminados negativamente recibiendo
una subvención menor o, en el peor de los casos, pudieran recibirla a cambio de
estudiar bajo un proyecto educativo común estandarizado 30 . Por ello, y para efectos
de la discusión de la lge, la alianza postuló que la educación pública no se
relaciona con el tipo de establecimiento que la imparte, sino con el hecho de recibir
subsidios del estado ya que la educación es un derecho de las personas que debe
ser garantizado por la sociedad, independientemente de los medios que ocupe para
ello y respetando sus preferencias.
dado lo anterior, resultó extremadamente difícil acercar posiciones. la solución
alcanzada no dejó a todos satisfechos siendo una de las mayores críticas que algunos
parlamentarios y expertos de la concertación (gobierno) realizaron al acuerdo. así, la
lge define lo que será el sistema de educación, considerando como una bondad del
sistema el que su provisión sea mixta 31 –privado/estatal– como lo ha sido desde los
orígenes de la república. asimismo, incorpora el deber del estado de proveer un cierto
tipo de educación que, para ciertos sectores de la concertación significa educación
pública y, por tanto, les asegura que ésta no dejará de existir. así, la definición que
costó múltiples concesiones y esfuerzos de ambas partes fue la siguiente:
“El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad
y administración del Estado o sus órganos y otra particular, sea ésta subvencionada
o pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el
establecimiento educativo para sus hijos.
Sin perjuicio de sus demás deberes, es deber del Estado que el sistema integrado
por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación
30 es importante mencionar que la tendencia cada vez más frecuente en diferentes países es que la
oferta privada reciba también subsidio estatal.
31 la misma conclusión a la que llegó el consejo asesor Presidencial para la calidad de la
educación.