¿ FIN DE CICLO?

6. la subvenciÓn PreFerencial… / J. Weinstein, A. Fuenzalida, G. Muñoz 163
en el origen de la seP 2 se encuentra el prolongado anhelo de corregir el sistema
de financiamiento de la educación existente, caracterizado –desde su creación en
los años 80– por entregar un monto de recursos monetarios homogéneo a escuelas
que atienden a alumnos de condición social y económica marcadamente desigual.
la ley seP modifica esta “subvención plana”, reconociendo que educar niños y
niñas en contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica es más complejo y
más caro (mizala, 2008) y asumiendo, en consecuencia, que el estado debe poner
más recursos ahí donde más se necesita 3 .
Pero la principal novedad de la seP no es la introducción del principio de
discriminación positiva en la asignación de los recursos; de hecho toda la política
de asistencialidad escolar y los programas de apoyo educativo se han fundado en
dicho ideario. lo novedoso es la asociación que se establece entre dichos recursos
financieros y la exigencia por una mayor calidad del servicio educativo (marcel
& raczynski, 2009), estableciéndose compromisos de igualdad de oportunidades
y excelencia con sus sostenedores y especialmente, procurando que cada escuela,
junto a su comunidad educativa, establezca planes de mejora que permitan elevar
los aprendizajes de todos los alumnos y fortalecer los procesos de enseñanza 4 .
con este cambio, la seP modifica el paradigma o modelo con el que tradicionalmente
se han diseñado e implementado las políticas educativas en chile, pasando
desde uno centralizado hacia otro en que la responsabilidad final por los resultados
está en los sostenedores y los establecimientos, mientras que el nivel central debe
construir las condiciones técnicas (estándares de calidad) y financieras (recursos de
la subvención preferencial) para hacer posible y justa esta “accountability” local.
es este cambio de paradigma, hecho realidad en la seP, el que también subyace al
nuevo diseño institucional para el sistema educativo actualmente en curso. en efecto,
como consecuencia del movimiento estudiantil (2006) se hizo insostenible seguir
manteniendo la institucionalidad educativa proveniente desde la dictadura –y que
había sido estirada al máximo para poder desarrollar la reforma educacional de los
’90 (nuñez & Weinstein, 2009). así las propuestas del consejo asesor Presidencial
y el posterior acuerdo político entre el gobierno y la oposición para derogar la ley
orgánica constitucional de enseñanza (loce) y posteriormente aprobar la nueva
ley general de educación (lge), produjeron una nueva arquitectura institucional,
en que se explicitan inéditas exigencias de calidad en el sistema escolar, así como
una definición clara de los deberes y derechos propios de cada actor.
2 la ley es enviada por el ejecutivo a la discusión parlamentaria el año 2005, aunque era una medida
transversalmente aceptada ya en las discusiones programáticas de la elección presidencial de
1999.
3 en concreto, el estado entrega cerca de un 50% de aumento a la subvención regular, lo que se
traduce en 1,4 use adicional por alumno prioritario entre nt1 y 4º básico, 0,93 use entre 5to
y 6to, y 0,47 para los niveles de 7º y 8º. complementariamente, esta ley crea una “subvención
por concentración de vulnerabilidad”, que se materializa en un monto adicional por cada alumno
prioritario, pero diferenciado según el porcentaje de alumnos prioritarios que presente la escuela.
el monto de esta subvención por concentración oscila entre 0,25 y 0,03 use, dependiendo del
tramo de concentración y el nivel del curso al que pertenezca el niño o niña.
4 de paso, hay una apuesta respecto de cuál es el mejor método para desarrollar capacidades de
gestión educacional (institucional y pedagógica) en las propias unidades escolares, única garantía
de mejora sostenible de los resultados escolares.