Codigo Procesal Civil y Comercial de Bs As

Naturalmente que el juicio sobre la verosimilitud corresponde al
juez de la causa quien oficiosamente se expíde con razón fundada sobre el
mismo.
En cuanto al peligro en la demora se configura cuando media un temor
fundado en la producción de un daño al derecho esgrimido en juicio y, de no
protegerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer
sentencia favorable ésta permanezca incumplida.
Si bien no es necesaria una plena certeza de la existencia del peligro, se
exige que éste se manifieste en forma objetiva, vale decir "no hasta con un
simple temor del peticionario" (CCivCom LdeZamora, 23/7/93, LLBA, 1994-
200).
Y de suyo, si la medida se persigue contra o frente a actos de la
Administración pública, debe existir peligro en la demora ante una circunstancia
grave e irreparable.
§ 4. Necesidad de la existencia de un juicio trabado. - No es posible, en
principio, a título de medida cautelar y menos mediante la pro-hibición de
innovar, obtener la satisfacción anticipada de lo que constituye el motivo del
pleito.
§ 5. Caución. - La resolución judicial que ordena la suspensión de una obra
en construcción implica una medida precautoria de no innovar, por lo que ésta
sólo se puede decretar cuando quien la solicitare ofreciere caución suficiente a
criterio del juez.
§ 6. Recursos extraordinarios. - Las medidas de no innovar decretadas
por los tribunales de la causa son insusceptibles de recurso extraordinario por no
constituir sentencia definitiva; ni tampoco corresponde contra ellas la
procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley.
§ 7. Efectos. - Las resoluciones y los procedimientos consecuentes
adoptados con antelación a que se produzca la notificación de la medida de no
innovar deben reputarse válidos. Ello así, desde que esta última surte sus efectos
a partir de su notificación y, por consiguiente, no son objetables, en principio, las
modificaciones a la situación existente hasta entonces ocurridas.
Art. 231. [PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.] - Cuando por ley o
contrato o para asegurar la ejecución forzada o los bienes objeto
del juicio, procediese la prohibición de contratar sobre
determinados bienes, el juez ordenará la medida. Individualizará
lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo se inscriba en los
registros correspondientes