Codigo Procesal Civil y Comercial de Bs As

en la ausencia de medios comodidades y exceso de causas, se concluye en
un procedimiento lento tipico del trámite escrito. Esta filosofía, congruente
con las leyes del siglo pasado, no lo es frente a la actual legislación al
subrayar el proceso como un instrumento de gobierno en el cual el juez
tiene una función primordial.
Proposición que no importa derogar el principio dispositivo, como ha
interpretado la jurisprudencia al aplicar las normas citadas, poniendo bajo
responsabilidad de las partes la afirmación y prueba de los hechos
litigiosos, así como también urgir el procedimiento.
a) Facultades ordenatorias. Es deber de los jueces concentrar los
procedimientos y evitar el inútil dispendio de actividad, y según los de
beres y facultades pronunciarse sobre las cuestiones que se suscitan a lo
largo del proceso.
Para el juez resulta difícil la realización de oficio, en el término ordenado
en el inc. 1, y pasar a la etapa siguiente en el desarrollo procesal
una vez vencido un plazo. La experiencia judicial permite observar la
imposibilidad práctica de proceder con la prontitud con que se ordena.
Para lograr la dinamización aspirada se impone desburocratizar la justicia,
poniendo a los magistrados al frente de las causas que tramitan, esto es,
modernizar la administración de justicia.
b) Adquisición de oficio de la prueba y medidas para mejor proveer.
La casación provincial se ha pronunciado clara y reiteradamente al
respecto, al decidir que la adquisición de prueba de oficio y las denominadas
"medidas para mejor proveer", si bien son privativas de la judicatura
en cuanto a la iniciativa para disponerlas, en cambio, en lo que
atañe a su producción y control por las parles están sujetas a las reglas
comunes a todas las pruebas.
El art. 36 enumera las facultades instructorias del juez, en su inc. 2
menciona la de ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad
de los hechos controvertidos, "respetando el derecho de defensa de las
partes".
El principio dispositivo orienta nuestro proceso civil, debiendo
respetarse la igualdad de las partes en el juicio (art. 34, inc. 5, c), y asegurar
el derecho de defensa de éstas (art. 36, inc. 2), obligaciones ambas
de raigambre constitucional. En esta orientación, en un ejemplo, el juez no
puede modificar los hechos expuestos por los justiciables alternando la
causa petendi, el objeto ni los sujetos de la relación procesal.
En función de lo que antecede, podemos concluir que las medidas
instructorias mencionadas en los ines. 1 y 2 del artículo en exégesis, son
facultativas para los jueces, y toda petición de las partes, solicitando al
tribunal el decreto de tal o cual medida de prueba, deviene totalmente
improcedente.