Codigo Procesal Civil y Comercial de Bs As

Con respecto al poder otorgado en el extranjero ante escribano público, se
presume conforme a las leyes del lugar del otorgamiento y es suficiente para
acreditar la personería.
También se ha determinado como de carácter subsanable la carencia de
legalización del instrumento que acredita la personería.
§ 3. Representación de la fiscalía de Estado. - Habilita a sus representantes
letrados la carta poder otorgada por el fiscal de Estado.
Art. 48. [GESTOR.] - En casos urgentes podrá admitirse la
comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la
personalidad, pero si no fueren presentados o no se ratificase la
gestión dentro del plazo de sesenta días, será nulo todo lo actuado
por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la
responsabilidad por los daños ocasionados.
CONCORDANCIAS: CPN, art. 48; Cat., art. 48; Chaco, art. 48; Chubut, art. 48; ERíos, art. 45;
Form., art. 48; Jujuy, art. 60; LPampa, art. 50; Mend., art. 29; Mis., art. 48; Neuq., art. 48;
RNegro, art. 48; Salla, art. 48; SJuan, art. 51; SLuis, art. 48; SCruz, art. 48; SFe, arts. 42 y 43;
S del Estero, art. 48; TdelFuego, art. 66; Tuc., art. 64.
§ 1. Representación y gestión procesal.-La representación en el ámbito del
proceso civil queda limitada a dos supuestos legales: a) el personero, que
acredita su mandato judicial mediante poder general o especial extendido en
escritura pública, y b) el gestor, como alternativa excepcional, invocando tal
carácter en los términos del art. 48. Queda, de tal modo, absolutamente
descartada la posibilidad de alegar la existencia de un mandato tácito para
actuar en juicio en nombre ajeno.
El gestor obra en juicio en virtud de un interés ajeno que específicamente debe
alegar en el caso concreto, y naturalmente, por tratarse de una excepción a la
regla, dentro de ciertos límites que le impone el Código: situaciones de
urgencia, responsabilidad de acreditar su personería y obtener la ratificación de
lo actuado por la propia parte.
§ 2. Fundamento. - Como principal fundamento de la categoría se expone la
utilidad que presta al justiciable al asegurar la defensa en juicio. El aspecto
negativo se traduce en las nulidades de procedimiento, con el consiguiente
desgaste jurisdiccional que no se compensa con el pago de las costas y la
eventual responsabilidad por los daños ocasionados.
Por último, corresponde subrayar que las exigencias y recaudos exigidos por el
art. 48, tienen como razón el evitar la desnaturalización de