Codigo Procesal Civil y Comercial de Bs As

les de ultima o única instancia, cuando en el proceso se haya
controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o
reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución
de la provincia y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema.
CONCORDANCIAS: Chubut, art. 300; Córd., art. 391; Corr., art. 290; ERíos, art. 286; Form., art
297, LRioja, art, 263; Mend., art. 150; Mis., art. 302; Salta, art. 297; SJuan, art. 287;
TdelFuego art, 315; Tuc, art. 809.
§ 1, La casación constitucional. - El recurso extraordinario de inconstitucionalidad
sólo puede fundarse en la inconstitucionalidad de las leyes,
decretos, ordenanzas o reglamentos frente a la Constitución provincial, de
acuerdo con los claros textos del art. 161, atribución 1º, de la Const. de Buenos
Aires, y el precepto del Código Procesal comentado (SCBA, 17/12/96, LLBA,
1997-118).
Como recurso constituye una impugnación por error in iudicando, es decir,
el incurrido al apreciar que determinada ley consagra una infracción a la
Constitución de Buenos Aires. Por lo demás, se trata de una casación positiva,
similar a la que corresponde a la Suprema Corle en el recurso de inaplicabilidad
de la ley, ya que al quebrar la sentencia decide la cuestión de fondo
definitivamente (arg. art. 302, al receptar el art. 289, inc. 1).
En síntesis, en la nulidad se casa la ley, a diferencia de los recursos de
inaplicabilidad y de nulidad en los cuales se casa la sentencia.
§ 2. Procedencia. - Pueden presentarse dos hipótesis: la acción y el recurso
de inconstitucionalidad.
a) Acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte conoce acerca de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes por dos vías distintas.
Conforme al art. 161, atribución 1º, de la Const. Buenos Aires, ejerce la
jurisdicción originaria y de apelación, reconociéndose una verdadera acción
declarativa de inconstitucionalidad, regulada en el art. 683 y ss. del CPBA.
Ambas vías responden a diversas finalidades y están enderezadas por su
jerarquía normativa a objetos diversos, resultando una regulación autónoma
especial para la acción declarativa, en la cual se fija un plazo de un mes para su
caducidad cuando el interés patrimonial define el contenido de la pretensión
(SCBA, 16/7/68, LL, 135-1128, 21.025-S, v MBA, 84-325).
b) Recurso de inconstitucionalidad. Siempre la decisión debe recaer sobre
la cuestión constitucional como tema de decisión, pero no se hace distinción
alguna en que la sentencia del tribunal haya sido en