Codigo Procesal Civil y Comercial de Bs As

jurisdiccional puesto que tienden a perjudicar la normal instrucción y decisión
de la causa. Aceptada la proposición precedente, el primer agravado con la
inconducta es el juez, pues se trata de desviarlo medíante el planteo de
afirmaciones engañosas o incidentes infundados de su tarea destinada a
pronunciar en tiempo razonable una sentencia justa. Por esta razon, tal
atribución o potestad judicial es sin distinción de instancias o grados y hace a la
policía del proceso.
El precepto en examen, entonces, es natural consecuencia del clásico principio
del buen orden y decoro sobre el cual debe transitar el proceso
(art. 35).
§ 2. Naturaleza. Las inconductas que fulmina la norma tienen un neto
carácter procesal, y así se las ha calificado respecto de la tememeridad y malicia
de los justiciables en el curso de la causa.
El magistrado tiene el deber de sancionar el improbus litigator (CSJN) 30/6/88,
LL 1989-A-220), con las limitaciones que imponen el criterio de razonabilidad,
la absurdidad y la observancia de las leyes aplicables. En este sentido se ha
decidido que el poder disciplinario tiene fuente constitucional y los jueces
pueden ejercerlo aun sin ley que lo regule, dentro de la mesura y razonabilidad
que son propias de este poder, Es decir, no pueden ser "discrecionales" (CSJN,
20/8/96, LL, 1996-E-533).
§ 3. Caracteres. - Las sanciones por incumplimiento de los deberes de buena
fe, lealtad y probidad en el proceso, atendiendo a los presupuestos de la norma y
abundante jurisprudencia, presentan las siguientes características:
a) El Código Procesal menciona como sujeto pasivo de multa, únicamente a la
parle que perdiere el pleito, total o parcialmente, o un incidente, mas no a quien
resulte triunfadora en las cuestiones planteadas.
Es posible que la falta sea exclusivamente imputable al letrado, pues es propio
de su función asesorar a su cliente para evitar encauzarlo en una temeraria
aventura contraria a los principios de buena fe que deben regir la actuación de
las partes en el proceso. No obsta a la aplicación de esta norma la declaración
de que el letrado carece de personeria para actuar en el juicio, pues su
patrimonio no borra la conducta observada en el pleito por el profesional.
Así, se tiene sentenciado que toda facultad procesal debe ejercerse de manera
compatible con la vigencia de ciertos principios éticos, de los cuales deriva el
deber de las partes de comportarse con lealtad, probidad y buena fe (art. 45) y la
consecuente facultad que incumbe a los jueces, según el art. 34, de sancionar a
la parte y a su letrado con respecto a todo acto contrario a ese deber (CCivCom
Quilmes, Sala I, 27/ 2/97, LLBA, 1907-1311).