Codigo Procesal Civil y Comercial de Bs As

Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en
todos las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe
concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas" (art. 168).
"Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados, serán
fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios
jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos,
en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las
circunstancias del caso" (art. 171).
Mediante este recurso se persigue la "observancia de las formalidades
constitucionales, para que el eventual atacante tenga posibilidad de individualizar
el precepto que debe impugnar, y ello es así, no por atacar las formas por las
formas mismas, sino para asegurar el derecho de defensa y, por ende, la justa
decisión del pleito, por lo que es anulable por este sendero recursivo el decisorio
que incumple el art. 171 de la Const. de Buenos Aires, salvo, y ésta es la
excepción, que por la modalidades del fallo recurrido pueda individualizarse el
precepto al que el mismo se refiere" (SCBA, 13/2/96, LLBA, 1996-234). Sobre el
tema, ver el comentario al art. 163, § 6.
§ 2. Motivos del recurso. - De las normas constitucionales transcriptas se
concluye reduciendo a dos cuestiones fundamentales causantes de este recurso:
forma del acuerdo previo a su sentencia y fundamentación. Seguidamente son
analizadas las formas del acuerdo.
a) Voto individual. Tanto las cámaras de apelación como los tribunales
colegiados de instancia única deben pronunciar sentencia mediante acuerdo
previo y voto individua). El acuerdo es un verdadero presupuesto legal de la
sentencia, puesto que no hay fallo sólido sin que lo preceda, debiendo contener
los fundamentos del voto de cada magistrado.
La Corte se ha expedido reiteradamente sobre el tema, precitando que "la
formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del fallo, pues sin él
no puede considerarse cumplida la disposición constitucional que impone la
exigencia del acuerdo previo y voto individual de los jueces, a fin de dejar
establecida la mayoría de opiniones que determinará la sentencia definitiva, por
lo que su omisión acarrea nulidad la que puede y debe declararse de oficio"
(SCBA, 25/2/97, LLBA, 1997-421).
En esta orientación, es doctrina recibida, pretende la custodia de las formas
impuestas en la sentencia de última instancia y no comprende el proceso y sus
incidentes, ni procede contra resoluciones anteriores a la sentencia definitiva.
Ello induce a considerar ajeno al ámbito del recurso el acierto de la
decisión, la imputación de errores in indicando, como los referidos a