Codigo Procesal Civil y Comercial de Bs As

sentado, dentro de los limites legales y onvencionales de su mandato. Sus actos
obligan al mandante como si los hubiera realizado éste (art. 1946, Cod. Civil).
§ 2. Limitaciones legales. La más importante surge de la ley civil, cuando
para ciertos actos exige que el mandatario esté investido de facultades
especiales, que consten expresas en el instrumento (art. 1881, Cód. Civil).
Si bien el Código Procesal no exige poder especial para promover o
contestar los juicios, las facultades del procurador judicial son interpretadas
restrictivamente por la jurisprudencia, pues se trata de un mandato especial (art.
1879, Cód. Civil), al cual el art. 1884 del Cód. Civil impone dicho criterio
restrictivo. De esta manera se exige poder especial para renunciar a derechos
litigiosos o dudosos, para reconvenir o para promover sucesión. No obstante,
también ha sido estimado suficiente el poder general que autoriza al mandatario
a aceptar o repudiar herencia, fórmula que sin ser sacramental en cuanto no
faculta expresamente a promover la sucesión, manifiesta la voluntad del
poderdante a los efectos de lo dispuesto por el art. 1881 del Cód. Civil.
Art. 52. [RESPONSABILIDAD POR LAS COSTAS.] -Sin perjuicio
de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del
mandato, el mandatario deberá abonar a su poderdante las costas
causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando éstas
fueren declaradas judicialmente.
El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias, establecer
la responsabilidad solidaria del mandatario con el letrado
patrocinante.
CONCORDANCIAS: CPN, art. 52; Cat., art. 52; Chaco, art, 52; Chubut, art. 52; ERíos, art. 49; Form., art.
52; Jujuy, art. 107; LPampa. art, 53; LRioja, art. 161; Mis., art. 52; Neuq.. art. 52; RNegro, art 52;
Salta, art. 52; SLuis, art. 52; SCruz, art. 52; SdelEstero, art. 52; TdelFucgo, art. 70.
§ 1. Responsabilidad del procurador. - La norma no está referida a la
temeridad y malicia en que pueden incurrir los profesionales de las partes,
situación que no autoriza a extender al letrado la multa impuesta al vencido, sino
a la culpa o negligencia del procurador judicial. Por su impericia profesional,
éste deberá resarcir en el mismo proceso y en forma inmediata las costas
causadas, sin que el damnificado deba recurrir a un juicio de daños y perjuicios.
El precepto se fundamenta en la economía procesal, y su aplicación
es sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal del mandatario.
6. Fenochietto, CPBA.