ESTUDIO INTRODUCTORIO

DEUDA GORDIANA
tantas veces citado Art. 27, dóblese la última partida y tenemos £ 707.484, cantidad que
reduciría los “bonos ecuatorianos de la deuda extranjera consolidada” de £1’824.000 a
£1’116.516. Acogerse al vocablo igual para formar la cuenta de otro modo y entrar en
polémica, era tanto como exponer a ser [desalojados] los dos capciosos contratos.
La guerra que sobrevino probablemente no permitió a los negociadores darle esta
versión a los arreglos, que sin duda no eran tan escandalosos como los que cancelaba
estrafalariamente la cuenta en cuestión. Como quiera que se juzgue el arreglo de este
punto, es incuestionable que si una comisión de hombres buenos justipreció en cuatro
reales el valor de una cuadra de terreno baldío, este precio tenía que aumentarse, de
conformidad con el Art. 27, en seis tantos más del valor de la propiedad, para el efecto de
la cancelación de los bonos provisionales; tal es el sentido del convenio principal, sin
que lo exima de esta interpretación la duplicidad de su texto.
Recuérdese, además, que se había pactado que los bonos de la deuda colombiana que
se hubieran perdido quedaban a beneficio del Ecuador en la proporción de las 21 y ½
unidades que le correspondían. Pasó de £ 100.000 el valor de los bonos colombianos que
no se presentaron al canje; la parte del Ecuador con sus respectivos intereses componen
más de £ 70.000 libras, cifra no despreciable que hay que deducir tanto de la deuda
activa como de la diferida; y esta cantidad no está incluida en los gráficos arreglos, y sin
embargo, gracias a los enredos, aparece condonada sin el mérito de ser regalada.
No hemos podido ver el texto de la nueva forma que los socios Caamaño y Flores
dieron, de mano poderosa, al contrato Icaza-Pritchett, sin embargo de haber caducado,
repetimos, desde 1880, a favor del Ecuador; pero por los actos ejecutivos de uno y otro,
comprendemos que ha prevalecido el [indigno] propósito de la cancelación de los
intereses, sin cuenta ni razón, por las tierras baldías en el número de cuadras señaladas
por Urvina y Robles. ¡Mocatta se habría manejado con más delicadeza!
Concretándonos a lo cedido en Esmeraldas, tenemos que las 200.000 cuadras están
justipreciadas en 600.000 pesos febles que, al 25% de cambio, equivalen a 480.000 pesos
fuertes. Dedúzcase los 471.761 pesos fuertes que, en propiedades, representa la deuda
diferida, y tendremos un saldito de $ 8’233.000, igual a £ 1.646, imputables por el duplo
a la cuenta consolidada.
Hemos demostrado ya que $ 471.767 fuertes en propiedades, aumentados en seis tantos
más, al tenor del Art. 27 tantas veces citado, forman $ 2’830.600, equivalente a£ 566.120,
saldo de la deuda pasiva. Y esto haciendo caso omiso del Art. 26 del contrato matriz, que
textualmente dice: “Los tenedores de bonos sólo tienen el término de 25 años (desde la
aprobación de este arreglo) para pedir y tomar posesión de los terrenos baldíos que se les
hipotecan. Si los tenedores de bonos no toman los terrenos baldíos dentro del término
señalado en este artículo, perderán sus derechos y quedarán cancelados los (bonos) con
los que debían hacerse estas adquisiciones”. El plazo principió a correr desde el día 19 de
marzo de 1855, en cuya fecha fue sancionado por el presidente Urvina. [Habiendo] pues
caducado en marzo de 1880 a favor del Ecuador, quedó cancelada la deuda diferida con el
valor de las 200.000 cuadras adjudicadas en la provincia de Esmeraldas.
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