ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
del Ecuador, para que se hubiere dado cumplimiento a las clausulas que siquiera, en
ínfima escala aseguraban el éxito de la operación: “No sé cuánto le debo: aquí tiene
usted una cantidad considerable de billetes; hágase usted pago y la paz con todos”. ¿Qué
diríamos del deudor que así procediese con sus acreedores? Cuánto es decible contra su
negligencia y torpeza: por más que sea el acreedor un modelo de honradez, o el crisol de
oro en que se forma la hombría de bien más acabada.
La conversión no se hizo, pues, como lo había prescrito el convenio y, por lo mismo,
la diferencia por los bonos colombianos que se hubiesen perdido, o que no se presentaron
al cambio en la época prefijada par el objeto, quedó ilusoria, o al menos se ignora hasta
hoy el resultado definitivo de dicha diferencia.
¿Quién se atreverá a sostener que la conversión se hizo de conformidad con el
convenio Espinel-Mocatta?
¿Habrá persona que dé su mano al fuego, como en testimonio de no haberse
lesionado nuestros derechos en una complicada operación relativa a £ 6’487.400? ¿Cuál
es el Gobierno del Ecuador que afirme haber recibido los bonos colombianos en igual
cantidad que la representada por los nuevos bonos ecuatorianos?
Y no se diga que la falta de personal que interviniese en la conversión, fue causa para
que se violara el convenio, porque entonces el Ecuador tenía un encargado de negocios
en Francia, que lo era don Pedro Moncayo, un agente comisionado y dos cónsules
en París y Londres. No hallo excusa para atenuar la desidia de nuestro Gobierno en
asunto de tan valiosas consecuencias, entre las cuales deploramos algunas de penosas
condiciones, debido, por una parte, a la desidia del Gobierno, y, por otra, a la poca
delicadeza con que procediera el comité de los tenedores de bonos.
Una de estas consecuencias es la siguiente: en el contrato Espinel-Mocatta no se fijó
el tiempo durante el cual debía verificarse la conversión; circunstancia tan necesaria
para que sin ella ningún provecho reportaba el Ecuador del beneficio acordado en el
Art. 5 del convenio; y como de otro lado, el cambio de bonos quedó a cargo de solo el
Comité, como dejo dicho, duró él casi indefinidamente, no obstante que el Gobierno
del Ecuador fijó, como término perentorio para la conversión, hasta fines de 1857. Como
puede comprenderse, el resultado del beneficio previsto por ese artículo fue ninguno,
llegando el caso de que sostuviese el Comité que los Tenedores de Bonos Colombianos
podían exigir el canje en cualquiera época, sin embargo de habérseles señalado, por
avisos públicos, el tiempo que debía durar la operación del cambio de bonos.
Llegó el caso de que, tal vez por caridad o compasión, o como quiera llamarse
este acto de sui géneris delicadeza, se declaró que los bonos no canjeados, cuyo valor
quedaba al beneficio del ahorcado, ascendieron a £ 134.550. Este resultado debió
traer la consecuencia, conforme a la letra del convenio, de que, de la cuarta parte de
las entradas de las aduanas de la Republica, fijada para el pago de los intereses de la
deuda consolidada, era natural descontar la correspondiente a las £ 138,550 que no
pertenecían ya a los acreedores británicos, sino al deudor, como beneficio o monto de