ESTUDIO INTRODUCTORIO

544
Emilio María Terán
sido otorgadas”. Luego, no solamente se había aceptado la resolución del doctor Castro
sino que, para nuestros acreedores, estaban perdidos los derechos que por el contrato
Icaza-Pritchett pretendían tener sobre las tierras baldías del Ecuador. Esta creencia se
fundaba precisamente en que el Ecuador había legado también a nuestros acreedores la
prescripción del derecho de ellos, de conformidad con el Art. 26 del contrato Espinel-
Mocatta.
Había pues dos puntos sin cuya resolución no podía el Gobierno de Caamaño dar
paso alguno a favor de los presuntos propietarios de nuestras tierras baldías: el primero
versaba sobre la extensión del decreto de 1860; y el segundo, sobre prescripción del
derecho. El interpretar la ley corresponde al legislador; el administrar justicia, esto es,
declarar si estaba o no prescrito el derecho de la compañía a las tierras baldías, tocada al
Poder Judicial; por tanto, lo relativo al decreto debió ser sometido a uno de los congresos
de la República; y, en orden a la prescripción, debió entablarse el respectivo juicio ante
un juez competente. Con mayor fundamento que el Congreso de 1886, consultado sobre
el segundo punto que no era de su competencia, señaló, por el órgano de los honorables
Cárdenas y Badillo, la norma de conducta que debía seguir el Gobierno respecto de la
prescripción; pues ellos sostuvieron que el Poder Judicial era quien debía conocer de la
duda sobre si había o no caducado el contrato del Gobierno con los tenedores de bonos
de la deuda externa.
¿De qué manera se dilucidaron estos puntos? He señalado ya el procedimiento que
debió observarse. Veamos ahora cómo obró el Gobierno de Caamaño.
La excepción del doctor Castro como Ministro de Estado, no se ha sometido aún
a la Legislatura; de aquí que, hallándose pendiente este punto, la compañía limitada
no podía adquirir el dominio de la posesión del lote de Molleturo, pues tanto el uno
como la otra dependen de que subsista el contrato Espinel-Mocatta, declarado sin valor
alguno desde 1869.
Caamaño sometió el asunto a la deliberación del Consejo de Estado, cuyo parecer
fue para él la ley de su comportamiento. Para demostrar que el Gobierno actual puede y
debe reivindicar el dominio de sus bienes nacionales, paso a examinar el parecer de esa
corporación; digo “el parecer”, porque el informe de Salazar fue aprobado sin reparo, y es
a él al cual se contraen las siguientes observaciones. No es verdad que la suspensión de
pago decretada en 1869, se hubiere contraído únicamente a los intereses que abonaba
el Ecuador, sino a todo el contrato; por lo que el ministro Carvajal comunicó a los
tenedores de bonos, por medio de Murrieta, que el Gobierno suspendía el pago de la
deuda externa, no sólo la representada por bonos consolidados sino también la diferida
correspondiente a la compañía limitada. Por esto el doctor Castro expresó que, como
consecuencia del Decreto de 1869, aquélla no estuvo en el caso de obtener los terrenos
baldíos de Molleturo, por lo que la Convención Nacional de ese año no hizo sino aprobar
la medida tomada por García Moreno, quien manifestó que el contrato Espinel-Mocatta
se hallaba resuelto por su decreto expedido como Presidente Interino de la República.
También el mismo Consejo de Estado, en el acta preinserta en este informe, manifiesta