ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
Inútil creo acumular más pruebas para patentizar la justicia que asiste al Ecuador y
la facultad que tiene de cancelar su deuda en el monto de los bonos no convertidos. Así
ni remotamente puede admitirse que se pongan en duda derechos incontrovertibles,
garantizados por el convenio vigente y sancionados por el reconocimiento expreso del
mismo comité. No son puntos, como estos, tan claramente definidos en un contrato, los
que pueden someterse a decisión de árbitros.
Y no se diga que confiando el Ecuador en su derecho no debe tener un arbitraje,
porque si fuese lícito este modo de raciocinar, podía con igual razón algún Gobierno
colombiano proponer que se decida por árbitros si fuesen legales los empréstitos de 1822
y 1824, y obligatorio el interés estipulado en ellos; proposición que el comité, por cierto,
no creería digna de ser contestada.
[En relación] a los bonos correspondientes al 7,5% cuestionado, estimo que tampoco
es dudosa la nulidad de su emisión; sin embargo para dar una prueba del espíritu
conciliador que me anima, he elevado la propuesta de usted al Supremo Gobierno, y
suspenderé todo procedimiento hasta recibir nuevas instrucciones.
Ignoro por qué ha sorprendido tanto la declaración del honorable señor Ministro de
Hacienda: “de que si no se cumple el convenio por parte del comité de los tenedores,
quedará roto dicho convenio en virtud de los principios más comunes de jurisprudencia”.
Bien sabe usted que todo contrato bilateral encierra la condición resolutoria en
virtud de la cual, la falta de cumplimiento de sus obligaciones por una de las partes,
desata a la otra de las que en él contrajo; éste es un principio de jurisprudencia universal,
incorporado en las legislaciones de todos los pueblos cultos, y el señor Ministro de
Hacienda del Ecuador no ha hecho más que enunciarlo.
Es pues muy forzada la glosa que se pretende hacer de esas palabras, y muy excusadas
las preguntas que se dirigen a este respecto.
El Ecuador se ha manifestado bastante equitativo en la interpretación del convenio
para que se le haga la justicia que merece, y tan distante ha estado de querer jamás
disminuir se deuda con perjuicio de sus acreedores que pudiendo haberlo hecho
legalmente conforme al convenio, en las £ 68.950 de bonos colombianos que no habían
sido cancelados por parte de Venezuela, él rehusó generosamente aprovecharse de la
ventaja que le daba el Art.5, y atendiendo más a la equidad natural que a la letra del
pacto, reconoció aquella cantidad. El comité no habrá olvidado que el señor Millán
se negó a dar los nuevos bonos consolidados a los dueños de las £ 68.950 enunciadas,
porque el convenio le prohibía emitir bonos que no fuesen precisamente en cambio
de bonos equivalentes de la deuda colombiana, y que sin embargo de ser esta negativa
arreglada al convenio, el Gobierno ecuatoriano creyó que no debía estarse al rigor de
los términos, aunque éstos le favoreciesen, y haciendo uso de la interpretación llamada
extensiva en beneficio de sus acreedores, ordenó espontáneamente y en contra suya, que
se entregasen a éstos los nuevos bonos sin el requisito del canje prescrito en la cláusula
5, condición en aquel caso demasiado dura para ser aplicable en su sentido literal.
En cuanto al especial favor de que ha sido objeto mi patria por parte del comité,
agradezco la expresión de esos sentimientos; mas creo que las concesiones hechas a