ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
tratar con otros que no fuesen nuestros acreedores. Al parecer se proyectaba ya cierto
peculado que vino a desarrollarse en el último año de la administración de Roca.
La Ley de Crédito Público, en el aparte 1 del Art. 2, faculta al Ejecutivo para tratar
sólo con nuestros acreedores sobre los términos de un arreglo equitativo, y, sin embargo,
muy de caso pensado, el presidente Roca jamás dejó una Legislatura sin incitarla para
que proveyese sobre el mismo punto, quizá con el objeto de obtener más amplias
facultades que aquéllas de las cuales disponía en virtud de la sobredicha ley. Tal vez lo
que se pretendió no fue sino evitar la restricción de no poder contratar con quien no
sea realmente tenedor de nuestros bonos. Sea de ello lo que fuere, la verdad del caso es
que el Congreso de 1848 se limitó a contestar a la nueva iniciativa de Roca, “que éste
hiciese uso de la autorización concedida por la ley desde años atrás”.
El ilustre don Pedro Carbo, en la sesión de la Cámara de Diputados de 8 de noviembre
del indicado año de 1848, expresó:
Que la Ley del Crédito Público facultaba al Ejecutivo para pactar arreglos con los
acreedores extranjeros por medio de los agentes que tenga a bien nombrar al efecto; que
el Art. 11 de las misma ley disponía que el Ejecutivo mande anualmente a Europa las
cantidades correspondientes para el pago de intereses y amortización de los capitales
que debe la república, haciendo estas remisiones en productos del país que tengan
salida en aquellos mercados; que, por consiguiente, estaba el Ejecutivo suficientemente
autorizado para entablar y concluir esos arreglos; y que, por esta razón, opinaba la
Comisión, con la honorable Cámara del Senado, que se conteste al Ejecutivo que haga
uso de dicha autorización según se lo dicte su celo y convenga a los intereses del país;
que en cuanto a la indicación que hace la comisión de que al verificar esos arreglos se
procure sacar todas las ventajas posibles, nada era más justo que esto, ya porque era
notorio que una parte de la deuda extranjera que dejó insoluta Colombia, fue contraída
antes de la asociación que con ella hizo el Ecuador, y por cuya razón no debió cargarse
a ésta sino la parte de la contraída durante la unión, cuya circunstancia debía pesar
en el ánimo de los acreedores británicos, puesto que el Ecuador por un principio de
delicadeza más que de estricta justicia, se había hecho cargo de una porción de los
empréstitos contraídos antes de su asociación a la familia colombiana; ya porque de
esos empréstitos apenas habían venido al Ecuador 16.000 pesos y la fragata Colombia.
Concluyó manifestando, en prueba de lo que había expuesto, que el primer empréstito
de Colombia se había verificado el 13 de mayo de 1822, y el segundo el 15 de mayo del
mismo año, cuando la agregación del Ecuador a Colombia sólo se verificó a fines de
mayo del expresado año. Dijo, por último, que sin embargo de lo que dejaba expresado,
el Ecuador estaba ya solemnemente comprometido al pago de las 21 y ½ unidades en los
mencionados empréstitos; y que de consiguiente era de suma urgencia que el Ejecutivo
negociará algún arreglo sobre el particular, no sólo para satisfacer a sus acreedores y
dejar bien puestos el honor y crédito de la nación, sino para ir disminuyendo la enorme
deuda extranjera que gravita sobre ésta y que, según los informes que dio a la Cámara,
ascendía a 7’122.896 por capitales, y a 10’87.559 pesos por intereses, habiendo un total
de 17’210.475 pesos.