ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
parte de los derechos que causen en la aduana”. Estos documentos no son ciertamente
simples libranzas; pero aun suponiendo que fueran tales, tampoco ha estado autorizado el
Ejecutivo por ninguna ley para emitir libranzas sobre la aduana.
En cuanto a que en la Dirección no se encuentran libros para la deuda extranjera es
inexacto, porque realmente existe con ese título, aunque sin ninguna inscripción todavía.
Lo que sí no hay son láminas para esa clase de deuda, pero es porque la Dirección sabía
muy bien lo que se ha dicho en este informe, que es en Londres donde deben emitirse los
vales que el Ecuador ha de dar en canje de los billetes colombianos de origen extranjero.
No cree el exministro que haya habido trasgresión del Art. 43 de la Ley de Crédito
Publico, porque dice que no sabe qué conexión haya entre ese artículo, que manda pagar
en metálico todo derecho, contribución o impuesto fiscal, y el contrato con Conroy, el
cual, según añade, “no participa de la naturaleza de dicha contribución o impuesto fiscal
que deba cobrar el erario, siendo más bien una deuda que gravita sobre él, y que tiene que
erogarla”. Efectivamente es una deuda [de lo] que se trata, y deuda que debe pagarse.
Pero la ley ha querido que se pague con el producto de la octava parte de los derechos
de importación previamente colectados; y no con billetes admisibles en la aduana en
satisfacción de los mismos derechos, cuando la propia ley quiere que éstos sean pagados en
metálico. Habiendo pues el Gobierno mandado admitir billetes en pago de los derechos
de importación, claro es que ha infringido el Art. 43 arriba citado. Por todos estos
fundamentos, vuestra comisión es del parecer que debéis acusar ante el Senado al ex
Presidente de la República Vicente Ramón Roca, y el ex Ministro de Hacienda, Manuel
Bustamante; al primero por la infracción del Art. 132 y de la atribución última del Art. 70
de la Constitución; y al segundo por la infracción del mismo Art. 132 de la Constitución,
y de los Arts. 11 y 14 y su § 2, y 43 de la Ley del Crédito Público del 5 de febrero de 1846,
y del decreto legislativo, del 2 de diciembre de 1847.- Quito a 13 de noviembre de 1849.-
Carbo (Pedro) Mancheno; salvo mi voto, Arteaga, salvo mi voto, Ponce.
Ahí tiene usted, señor general, a los diputados Arteaga y Ponce salvando su voto
en asunto tan claro y conveniente, como para demostrar aquello de que la ley, entre
nosotros, es como el perro de casa grande que sólo muerde al indio. Si bien ellos razonaron
la salvedad de su voto, los fundamentos en que se apoyaban no sólo eran absurdos y
arbitrarios, no sólo sacrificaban la justicia y la verdad, sino que echaban a menos el
carácter de toda una Cámara que lucía por su rectitud e independencia política; tan
cierto es lo dicho que, sin tomar en cuenta las afirmaciones y evasivas de Arteaga y
Ponce, se aprobó el informe de los honorables Carbo y Mancheno, en la sesión de la
noche del 17 de noviembre, horas antes de que terminase el Congreso de 1849, y se
resolvió además la prórroga de las sesiones mientras el Senado conozca de la acusación
y falle sobre la responsabilidad de los señores Roca y Bustamante, prórroga que no se
verificó por motivos legales y otras circunstancias que decidieron a la Legislatura dejar
pendiente un asunto de tal vital importancia para la vindicta pública.
Aquí debería terminar el presente capítulo si los hechos y descubrimientos posteriores no
revelasen alguna mayor punibilidad en el contrato del Gobierno de Roca y Pedro Conroy,