ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
IV
Lote de Molleturo
En páginas anteriores consta la nota del señor Julio Castro, Ministro de Estado
en el Despacho de lo Interior, relativa a la resolución del Gobierno de Veintemilla
sobre la solicitud de Wilson, encaminada a obtener la posesión del lote prometido en
la provincia de Esmeraldas, el 21 de septiembre de 1857. Dicha nota, inserta en la del
Gobernador Zaldumbide, demuestra que el Gobierno del Ecuador se negó a la entrega
de esos terrenos, fundándose en que el decreto legislativo de 1869 suspendió los efectos
del contrato Espinel-Mocatta, razón por la cual suponía el doctor Castro, no podía
adjudicarse el lote de Molleturo, al menos mientras el Consejo de Estado no resolviese
sobre la verdadera inteligencia de dicho decreto. Respeto los profundos estudios del
señor Castro en materia de jurisprudencia; he admirado siempre la claridad de su criterio
y, sobre todo, he venerado su honradez pública dignificante; pero por ahora veo que tan
notable jurisconsulto no dio a la república todo el provecho que ella pudo obtener de
sus luces y aciertos.
Muy atinadamente se dijo, y en ello anduvo muy acertado el Ministro de lo Interior,
que el Gobierno no podía entregar todos los terrenos a que se refiere el contrato Icaza-
Pritchett, mientras no se definiese la intención del legislador al expedir el decreto en
referencia. Esta resolución es propia del doctor Castro por lo justa y conveniente; pero
no así en lo que toca a buscar la interpretación de la ley en el Consejo de Estado. El Art.
3 del Código Civil dice: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo
obligatorio”, y el Consejo de Estado, bien por su institución, bien por las atribuciones de
que se halla investido, no es, ni mucho menos, legislador. Por consiguiente, lo propio,
lo jurídico, habría sido que el Ejecutivo elevara la consulta al inmediato Congreso,
el cual habría dicho lo que siempre se dijo en el seno de las cámaras: que siendo el
contrato Espinel-Mocatta producto del fraude y la perversión, la Constituyente de 1869
lo declaró sin valor alguno; y que si ésta era la suerte del contrato principal, el accesorio
Icaza-Pritchet, tampoco tenía razón de existencia legal.
En efecto, anulado el contrato en virtud de haberse anulado también la ley en la que
él estribaba, la consecuencia era clara y perentoria: nada de lo hecho sobre la base de un
contrato vicioso, podía surtir efecto legal alguno.
Sea porque se separase el doctor Castro del Ministerio de lo Interior, sea porque
Veintemilla no pensó jamás en los tenedores de bonos, lo cierto fue que el Consejo
de Estado nada resolvió sobre este particular, quedando mientras tanto, lo diremos
así, opuesta una excepción a las reclamaciones de la compañía Limitada; la cual la
encontró tan fundada, justa y convincente que, reconsiderada la cuestión en 1884,
el ministro Laurence decía en el oficio inserto páginas previas: “Tengo el honor de
preguntar a Vuestra Excelencia qué oferta de compensación está dispuesto el Gobierno
del Ecuador a proponer a la compañía, por la pérdida de las propiedades que le habían
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